Ordenan detención para imputado que no asistió a formalización de cargos en red de fraude tributario

Tras formalizar a cuatro personas por el delito de infracción al artículo 97 N° 4 del Código Tributario, el Juzgado de Garantía de Curicó ordenó la detención de uno de los imputados, Alejandro Garrido Díaz, quien no se presentó a la audiencia.

La formalización, llevada a cabo el 28 de agosto, fue dirigida por el magistrado Jorge Omar Valenzuela Navarro y la fiscal Marcela Rocha Mella.

En la instancia, Daniel Aliaga Hernández, Pedro Reyes Reyes y Carlos Sepúlveda González, quedaron con medidas cautelares y se fijó un plazo de investigación de seis meses.

La próxima audiencia, para la reformalización de la investigación, quedó agendada para el 6 de noviembre de 2025.

Lo anterior se enmarca en un caso que lleva adelante la Fiscalía de Curicó, que el 25 de julio de 2025 formalizó a nueve empresarios y comerciantes de las comunas de Curicó y Romeral, tras una denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos por presuntos delitos tributarios que generaron perjuicio al fisco por más de 6.700 millones de pesos.

El esquema fraudulento consistió en la creación de sociedades SPA ficticias constituidas bajo la modalidad de “Empresas en un día" con datos falsos y la emisión de 274 facturas ideológicamente falsas provenientes de dos supuestos proveedores: "Agrícola 3G SPA" y "Servicios Industriales Generales Limitada".

Los imputados utilizaron estas empresas para simular actividades económicas inexistentes en diversos rubros como corretaje, agrícola, transporte y comercialización de alimentos.

El Servicio de Impuestos Interno en su recopilación de antecedentes y presentación de querella, estableció la existencia de cuatro delitos: aumento indebido de crédito fiscal, presentación maliciosamente falsa de Formulario 22, facilitación de documentación tributaria falsa y entrega de datos falsos en declaraciones de inicio de actividades. El perjuicio fiscal se desglosa en $2.800 millones por aumento malicioso de crédito fiscal y $3.822 millones por facturas falsas.

Los imputados también habrían utilizado microempresarios como testaferros, aprovechando que mantenían sociedades SPA sin movimiento y estaban "limpios" ante el SII para desarrollar la defraudación.