Este miércoles en el Juzgado de Garantía de Curicó se realizó la audiencia en la que la Fiscalía solicitó iniciar el trámite de extradición activa de Agustín O’Ryan Soler (22), detenido por la Interpol en Argentina tras estar prófugo desde diciembre de 2022 cuando fue condenado a siete años de cárcel, por dos delitos de violación y abuso sexual a menores de edad.
En la instancia, se ausentó solo el abogado privado de O’Ryan, dado que renunció a su patrocinio. En su reemplazo estuvo en la sala el defensor penal público, Sergio Aguilera, quien no se opuso a la solicitud a la que accedió el magistrado, Eduardo Fritz, para que sea traído al país en un plazo no inferior a 60 días. Asimismo, decretó que se le deje bajo prisión preventiva una vez que pise suelo nacional y hasta que entre a cumplir la pena, ya firme y ejecutoriada.
Por su parte, la fiscal especialista en delitos sexuales del Ministerio Público, Carmen Gloria Manríquez, explicó que “este trámite tiene varias etapas. La primera es la autorización del juez de Garantía correspondiente. (…) Luego, estos antecedentes lo que solicitamos es que se eleven a la Corte de Apelaciones de Talca, para que esta declare y de lugar a la extradición activa”.
“Después, viene un procedimiento administrativo que se lleva a efecto por las cancillerías en que el Estado de Chile se comunica con el de Argentina. Así, se realiza la gestión a fin del viaje del condenado y que entre a cumplir la condena de siete años en un centro penitenciario, que Gendarmería establezca”, precisó la persecutora.
Sobre el éxito de este trámite, la fiscal anticipó que “lo más probable es que sí lo logremos y se proceda a la extradición activa. Pero también existe la posibilidad de que Argentina lo expulse. Y en ese evento, el sujeto es traído por un funcionario de allá en un avión lo antes posible y luego retirado por un detective de la PDI, remitido al tribunal de Garantía y luego ingresa a un centro penitenciario”.
Consultada por la ayuda de familiares y cercanos tanto en el escape como en el ocultamiento de O’Ryan, Manríquez, sostuvo que “claramente existió una red de protección eficiente, que obstaculizó que el imputado cumpliera su condena por un año y cinco meses. Quiénes están involucrados en ello es algo que debemos analizar, pensarlo con mayor claridad y revisar los antecedentes”.
“Hemos actuado con suma rapidez, con el objetivo de poder dar paz y tranquilidad a las víctimas de los delitos, sus familias y, en definitiva, poder cerrar un ciclo que no es solo haber pasado por un proceso penal, haber tenido que declarar en juicio, sino que la persona que les hizo tanto daño cumpla con la condena que el tribunal decretó en su contra”, concluyó la persecutora.