El Tribunal Oral en lo Penal de Talca condenó a sacerdote talquino a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, como autor del grave delito de abuso sexual perpetrado entre los años 2014 y 2015 y cuya víctima fue un menor que a la fecha de los hechos tenía 12 años.

La sanción es inferior a la que había solicitado la fiscalía como parte querellante, por cuanto ambas partes plantearon en sus acusaciones una pena de 10 años y un día de cárcel efectiva. Sin embargo, al rebajar la pena, el tribunal oral también le otorgó al condenado el beneficio de la remisión condicional en el medio libre, pero bajo control de Gendarmería.

La magistrada, Cecilia Díaz, quien estuvo a cargo de redactar la sentencia, explicó que se determinó que "se trata de un delito continuado y, como atenuante, se tuvo en consideración la atenuante de irreprochable conducta anterior que, a su vez, se compensó con la agravante especial por tratarse de un sacerdote", sostuvo.

Tras la lectura de la sentencia, la defensa del imputado tiene plazo legal de diez días para presentar un recurso de nulidad y pedir que se lleve a cabo un nuevo juicio.

A petición de las defensas, los jueces prohibieron a los medios de comunicación difundir el nombre del condenado, pese a que su fotografía e identidad han sido reveladas con anterioridad, incluso por su propia iglesia.

Hechos

Según la fiscalía, el imputado se habría aprovechado de la confianza lograda con la familia de la víctima, por lo cual, ingresaba a su habitación en su vivienda, lugar donde le realizaba tocaciones en sus genitales, manifestándole que lo quería mucho. Esta situación se repitió a lo menos un par de ocasiones, según el relato de la víctima que permitió sustentar la formalización y acusación por el delito de abuso sexual.

Un total de 40 personas fueron presentadas a declarar en la acusación de la fiscalía, además participaron diversos peritos en especial de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.

En agosto de 2020, el Obispado de Talca anunció sanciones contra el sacerdote por el delito de abuso sexual, imponiendo el castigo de cinco años de suspensión del ejercicio sacerdotal y la prohibición perpetua de ejercer servicios pastorales con niños, niñas y adolescentes.