La seguridad no es un eslogan: es una política pública integral permanente

Si hoy le preguntamos a la ciudadanía cuál es el tema que más le preocupa, sin duda la respuesta será la seguridad.

Según cifras entregadas por el  Ministerio de Seguridad , hay una disminución de un 13,8% en la  tasa de víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes; y un 40% en niños/as  y jóvenes.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC), los delitos  violentos como robo con intimidación, agresiones, o amenazas, afectaron al 8,5 % de los hogares. Estos datos contrastan  con la percepción de inseguridad publicados por la ENUSC, un 87,% de las personas creen que la delincuencia ha aumentado, y un 56,6% se siente expuesta a algún tipo de delito. Según la misma encuesta, se establece que existe una brecha significativa  entre la victimización real y  el temor al delito.

¿Qué sucede cuándo los datos de la realidad no coinciden con el aumento de la percepción de inseguridad?  Existen variables como la inmigración, el crimen organizado, la desconfianza en las instituciones, las campañas electorales que infunden temor, etc.  También influye la cobertura de los medios de comunicación . Por supuesto no podemos responsabilizar solo a los medios, porque el temor en la población  es real, pero si debemos  realizar un cuestionamiento ético a su rol social.

La seguridad es un tema que debe ser atendido por el Estado, nadie podría decir lo contrario. Pero, ¿qué seguridad debemos atender?, ¿la relacionada exclusivamente con la delincuencia?

Desde la perspectiva de la   seguridad humana, las  políticas públicas deben estar orientadas a fortalecer la seguridad individual e integridad física,  la custodia de bienes, y de la preocupación de ser víctima de violencia o de la delincuencia; pero también es necesario  contemplar la seguridad humana, económica, alimentaria, ambiental, comunitaria, en materia de salud y política.

En la práctica, pensar políticas desde la perspectiva de la  seguridad humana no solo garantiza  un  mayor control y persecución penal del delito que disminuya la percepción de impunidad, también implica mayores oportunidades para el  acceso a la vivienda, mejores pensiones, un ingreso suficiente, políticas de gratuidad para la educación de nuestros hijos, políticas de prevención para la eliminación de las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Esta semana la Defensoría de la Niñez confirmó que  las denuncias por explotación sexual de niñas, niños y adolescentes  aumentaron un  73% entre 2022 y 2024. Estamos frente a un  grave problema  de seguridad estructural, que viola los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, lo cual también es un tema de seguridad.

Cuando hablamos de seguridad es fundamental pensar  de manera integral en todas las dimensiones   cotidianas de las personas  y desarrollar las condiciones que  permitan tener una vida segura.  Para esto, necesitamos políticas de seguridad  de Estado  que garanticen derechos fundamentales,  mayor justicia social que aseguren y entregan  certezas para vivir bien y  en paz.

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