Becas Maule II: Nadie sabe para quién trabaja

Escondido y polvoriento en algún escritorio del Servicio de Salud del Maule yace un convenio archivado en la carpeta de la omertá burocrática: el convenio Becas Maule II. Documento que justificó una inversión estatal superior a los 7 mil millones de pesos aportados por el Gobierno Regional del Maule y el propio Servicio de Salud para dar formación de médicos especialistas en la región.

¿Quién forma a los especialistas?

A simple vista, la respuesta parece obvia: universidades. Pero no cualquier universidad. El convenio establece que la formación sólo puede realizarse en instituciones acreditadas, registradas por la CNA como “entidades certificadoras”. En otras palabras, la ley obliga a que los programas están respaldados por una universidad con acreditación vigente en todas sus especialidades.

La propia Comisión Nacional de Acreditación mantiene un registro público de estas instituciones y de los médicos especialistas certificados. La transparencia existe, pero ¿qué ocurre en la práctica?

Selección y formación: médicos que ya trabajan para el Estado

El Servicio de Salud del Maule selecciona, entre los postulantes, a los médicos que considera idóneos para especializarse. Estos profesionales deben realizar rotaciones en campos clínicos habilitados, donde cumplen funciones asistenciales-docentes. Es decir, trabajan en hospitales bajo la supervisión de especialistas que hacen las veces de docentes.

El campo clínico por excelencia es el Hospital Regional de Talca, donde los médicos especialistas del propio hospital son los que forman a los becarios.

En resumen, el Estado pone el dinero ($7 mil millones), el hospital aporta con el campo clínico (Hospital de Talca) y con los médicos especialistas para la docencia.

Es decir que los especialistas reciben sus sueldos y además están contratados por la entidad acreditadora. Un mismo especialista puede ser director del departamento de cirugía general del Hospital, cirujano especialista del Hospital de Talca a 33 horas, encargado de especialidades médicas y postgrado de la Universidad y docente de la misma. Según lo informado por Transparencia y Contraloría, estos médicos no devuelven horas como dispone el Estatuto administrativo para la docencia ejercida por los funcionarios públicos.

El costo para los becarios

Los médicos seleccionados deben firmar un pagaré por más de $300 millones, y al finalizar su beca están obligados a trabajar seis años exclusivamente en el sistema público. A cambio, obtienen el derecho a formarse en una universidad acreditada que, en teoría, asegura estándares legales de calidad.

Un convenio bajo la sombra de la pandemia
El convenio Becas Maule II nació en 2020, en plena pandemia, con el argumento de la urgente necesidad de especialistas. La emergencia sanitaria permitió saltarse la licitación pública y optar por la modalidad de trato directo.

El objetivo era ambicioso: formar 300 especialistas. Sin embargo, a casi cinco años de su firma, esa cifra aún no se alcanza.

Un ejemplo concreto: el convenio celebrado entre la Universidad Católica del Maule y el Servicio de Salud obliga a la casa de estudios a proveer la formación de los médicos. Pero los docentes siguen siendo los mismos: los especialistas del Hospital de Talca.

La gran pregunta: ¿qué compra el Estado?

Si ya están disponibles el campo clínico, los médicos especialistas y los alumnos seleccionados, ¿qué es exactamente lo que paga el Estado a la universidad?

En términos simples, lo que se está comprando es la acreditación: el marco institucional que convierte la práctica asistencial en un programa educativo reconocido por la CNA.

Epílogo de un polvoriento secreto

El convenio Becas Maule II fue diseñado para resolver un problema real: la falta de especialistas en la región. Pero su opacidad, su origen bajo el alero de la pandemia y el uso discrecional de $7 mil millones lo convierten en un acuerdo incómodo.

Mientras tanto, los médicos siguen formándose en el Hospital de Talca, los becarios siguen firmando pagarés millonarios, y el Estado continúa transfiriendo recursos a universidades cuya mayor función parece estar incumplida, al menos según el portal de la CNA.

A la fecha van alrededor de una decena estudiantes de la salud muertos, en el País, se ha dictado la ley Karin, la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminacion de genero en la educacion superior, y siguen sumandose normas y leyes con nombres de estudiantes muertos.

En Talca la Corte de Apelaciones ha dictaminado que la Universidad Católica del Maule ha vulnerado los Derechos fundamentales del Becario I.F.D.L. (Causa Rol N° 2217-2024)… ¿quién está controlando donde van a dar estos 7 mil millones? Al parecer, nadie sabe para quién trabaja.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de VLN Radio.

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