El fiscalizador ausente

El próximo 26 de septiembre, el alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez (RN), ocho funcionarios municipales y seis empresarios serán formalizados por el delito de fraude al Fisco reiterado, hechos que según la Fiscalía habrían sido cometidos al realizar contratos con determinadas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas de ellas con varios cientos de millones de pesos.

Al respecto, la senadora por el Maule, Ximena Rincón (Demócratas), realizó un lapidario emplazamiento al concejo municipal linarense, así como también a la clase política a quienes les atribuye el más absoluto silencio e indiferencia ante lo que catalogó como “un foco de corrupción evidente”.

La parlamentaria apuntó directamente a la principal instancia fiscalizadora que tienen los municipios: su Concejo y por ende a quienes ejercen el cargo edilicio. “Hoy aparecen con oficios, con frases rimbombantes y consultas a diversos órganos fiscalizadores, pero la pega había que hacerla antes y ahí ninguno de los que hoy hablan hizo algo”, enfatizó.

Un caso similar ocurrió en Sagrada Familia con el exalcalde, Martín Arriagada (UDI), condenado a 3 años de prisión remitida y 5 años de inhabilitación a cargos públicos por fraude al Fisco, tras entregar permisos de circulación a automóviles que en total acumulaban más de 16 mil multas impagas. Ahí también se careció de una fiscalización por parte de los concejales. Es más, la querella fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de una información cedida por un funcionario municipal, obtenida por parte de un exedil.

Hoy, ad portas de las elecciones municipales es importante remarcar el rol fiscalizador que cumplen los concejales y rayar la cancha a quienes pretenden serlo. Su responsabilidad va más allá de posar en los afiches de campaña, con esbozos de promesas fuera de su alcance. Su propuesta debe ser aterrizada e informada en torno a sus facultades, con la capacidad de enfrentar situaciones con alturas de miras, sobre todo la que requieran llegar a otras instancias.

En ese sentido, se debe apuntar que algunas candidaturas vienen limitadas de antemano por un partido político, a quienes condicionaron su cupo por votos y adhesión a una determinada campaña. Un acuerdo conveniente para no tener que lidiar con alguien que le pueda poner piedras en el Concejo Municipal. Además, está el ofrecimiento de un silencio cómplice y una que otra opción de negociación de un puesto al interior del municipio para familiares cercanos.

Asimismo, en muchas oportunidades los ediles son acallados por cercanías e ideologías políticas, lo que hace daño a una entidad que debe practicar la transparencia en todo momento. Además, está en sus manos el aprobar el presupuesto que será ejecutado, así como también el poder de votación en la adjudicación de licitaciones millonarias que inciden en el desarrollo de una comuna.

Ahora, es claro que en esta tarea no todo es evidentemente fiscalizable, porque hay instancias que escapan del alcance de un concejo, como las corporaciones municipales. Estas habitualmente dependen directamente del alcalde en ejercicio y, malamente, están fuera del marco auditable. De ahí que generen dudas en torno a su financiamiento, con aportes privados, además de los recursos de los cuales pueden disponer para ciertas actividades. En casos comprobados, también son usadas como caja de pago para favores políticos.

A medida que se va acercando el fin del presente periodo alcaldicio, al igual que los alcaldes sería bueno que los concejales realicen cuentas públicas personales. Es decir, un paso al pizarrón para detallar lo relacionado a su gestión y la representación de sus votantes. Así también deberían precisarse sus sufragios en el pleno, los oficios presentados y consultas vis Ley de Transparencia, algo que se hace necesario.

Un ejemplo cercano es el de Curicó, donde varios concejales conocidos como “viajeros” se vieron envueltos en 2017 en un escándalo por el aprovechamiento de dineros públicos utilizados en actividades que no pudieron justificar. Ello puso en la mesa las vulneraciones al sistema, aunque posteriormente todos debieron visitar  los tribunales de justicia, siendo sentenciados a penas remitidas y al pago de una multa del 20% de lo defraudado al Fisco, además de quedar inhabilitados para ejercer cargos u oficios públicos mientras duraron sus condenas.

Eso si, posteriormente, la Corte de Apelaciones dejó todo sin efecto en una resolución de un solo párrafo, presionada por factores políticos.

Curiosamente, esta columna es redactada mientras que se da cuenta del cumplimiento del plazo de investigación sobre el caso de maltrato animal ocurrido en el refugio “Almas en el Camino”, instancia que también careció de fiscalización por parte de las autoridades, para detener un hecho que debió ser denunciado con fuerza en el momento oportuno.

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