Lo sucedido a principios de agosto durante un “carrete” en un departamento en Talca es, sin dudas, un escándalo de proporciones donde incluso está en juego la continuidad del delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aqueveque (PS).

Una denuncia por abuso sexual, sumado al consumo de drogas por parte de funcionarios públicos en dicha fiesta, ha puesto en jaque la permanencia en el cargo de autoridades asignadas bajo confianza ministerial y presidencial. Por ahora, La Moneda ha guardado silencio más allá de lo que se diga a los medios de comunicación para calmar las aguas.

Si bien desde la representación gubernamental se han abocado mayormente al resguardo de la afectada y evitar su revictimización, acá existe una falta de probidad (artículo 8º, inc. 1º en el Manual de Transparencia y Probidad de la Administración del Estado) que debe ser diferenciada de lo anterior.

Ello debiese traer consecuencias o, por lo menos, es lo que se espera de un Gobierno que cuestionó en diversas oportunidades las faltas de la política tradicional en esta materia.

Ante la presión mediática y emplazamiento de políticos tanto oficialistas como de oposición, el delegado presidencial decidido acuñar el concepto de “reserva”. Si bien esto es entendible para el tratamiento judicial relacionado al delito de abuso sexual, no lo es para el supuesto consumo de drogas durante la fiesta privada.

Si bien la denuncia y destitución del presunto victimario ocurrió al siguiente día hábil del hecho, quedando en manos de la justicia, pasó más de un mes para la arista relacionada a la presencia de estupefacientes se conociera públicamente, aunque desde muchos sectores esto era un “rumor de pasillo” que esperaba explotar. Finalmente, así fue y en grandes proporciones.

Acá no se trata de “ser cartucho” (cada uno es dueño de sus actos), aunque bien es sabido que ocupar un cargo público es también recibir la confianza de una autoridad o un servicio del Estado que constantemente está siendo evaluado por la opinión pública. Es ahí que se genera una normativa discutida, que incluso produjo que los parlamentarios se realizaran un polémico o condicionado test de drogas, donde todos se mostraron “limpios”.

En torno al tratamiento de la noticia, siempre se agradece una sana discusión sobre las líneas editoriales que se aplicanen los medios de comunicación, cuáles son los temas de interés periodístico a profundizar y cómo deben abordarse, sobre todo en casos graves como un delito de abuso sexual.

En este sentido, desde que se conoció el caso se le realizaron consultas al Colegio de Periodistas del Maule. Esto, debido a que desde un inicio se sostuvo que estaban en conocimiento del delito denunciado, aunque declinaron referirse con el objetivo de proteger a la víctima y proteger su intimidad.

Pero una cosa es procurar evitar la revictimización y otra muy distinta, que forma parte del ejercicio básico de la profesión, es que no se silencian hechos de esta envergadura.menos si afecta a entidades gubernamentales o el Estado.

Lo anterior debe ser independiente de los colores políticos. Por eso fue una buena señal el pronunciamiento de la diputada oficialista, Mercedes Bulnes, quien es cercana al Presidente, Gabriel Boric y condenó los hechos “independiente de las cercanías”.

Así, la abogada dio una muestra de que no importa si los involucrados son amigos o pertenecen a una tienda política en común, ya que estos casos deben tener sanciones que ejemplifiquen la línea de un determinado gobierno.