Parque Zapallar: Irresponsabilidades compartidas

Hace algunos años, un transeúnte que circulaba por el sector en aquel entonces conocido como Monumento Huasca Atrás, ubicado en el acomodado sector Zapallar de Curicó, registró en video y con un relato lleno de indignación la génesis de las obras que comenzaban a gestarse en un terreno que, en 2008, cambiaba el uso de suelo de agrícola a urbano.

En las imágenes, se daba cuenta de camiones y maquinaria pesada que incesantemente trasladaban enormes cantidades de relleno, con el objetivo de allanar el terreno para la futura construcción de 440 viviendas.

En el ingreso, según muestra el vídeo, un enorme letrero de colores blanco y rojo, anunciaba el inicio de dos proyectos inmobiliarios, con viviendas de 97 y 125 m2 por un valor fijado “al mejor precio”, las cuales posteriormente serían compradas en su mayoría a crédito por jóvenes profesionales y emprendedores locales de clase media.

En aquel video, revivido años después en redes sociales, el expositor vociferaba con incredulidad una frase que hoy está para el oro: “No puedo creer que estén construyendo a 50 metros del río (Guaiquillo)”. Y vaya que el tiempo le daría la razón.

Las recientes inundaciones ocurridas en agosto en la zona centro sur del país y que tuvieron a Curicó como epicentro de la catástrofe, reflejaron una constante en el tiempo incluso peor que la tragedia en sí misma: las construcciones en lugares que no están aptos para ser habitados.

Ya sea por la fragilidad del terreno, humedales, cercanías a ríos, esteros y canales, lo que queda claro es que posteriormente siempre se lamentan las consecuencias, con caras de preocupación por parte de autoridades, quienes realizan todo tipo de acusaciones a diestra y siniestra. Pero nada se hace por evitar lo previsible, demostrando una falta de fiscalización para que esto no vuelva a ocurrir.

Acá hay una clara falta de sentido común, adosada a irresponsabilidades compartidas. Ahora, si bien el plan regulador comunal de Curicó aprobado en 2011 considera el sector donde está ubicado Parque Zapallar como una zona residencial de baja-media densidad, la resolución N°30 del 8 de junio de 2022, invalidaba el proyecto habitacional por incumplimiento de trazados viales, además de irrumpir un área verde de uso público.

Cabe preguntarse entonces, ¿por qué se autoriza una edificación con estos antecedentes? La categorización baja-media densidad (o de riesgo), con cercanía a ríos en este caso, no evita que los proyectos inmobiliarios, mediante obras de mitigación comprometidas, puedan ejecutarse. Lo anterior, sumado a la presión de la comunidad mediante el “derecho adquirido” a través de la obtención de créditos hipotecarios, hicieron que finalmente Obras Municipales – que funciona de forma autónoma- accediera a la recepción final.

En este sentido y tras ser entrevistado en diversos medios de comunicación, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, apuntó directamente al exdirector del DOM, Carlos Figueroa, por entregar permisos de edificación en zonas de uso público, aduciendo que irregularidades de este tipo le costaron su cargo por sugerencia de Contraloría el 17 de julio de 2019.

A pesar de lo anterior, desde Constructora Galilea, señalaron en su defensa que las últimas recepciones de las obras se realizaron hace sólo un mes, afirmando que todos sus documentos están en regla. Así, de paso, respondió a los cuestionamientos por autorizaciones desde el municipio: “La construcción de viviendas no contemplan ningún tipo de restricción”.

Es más, en un informe entregado al actual director del DOM, Thelmo Mora, la empresa adjudica los desbordes fluviales a una “falta de limpieza del cauce”. Sobre esta, señala que “no ha sido la óptima”, con imágenes aéreas que muestran elementos como árboles, material y basura, lo que habría producido un tope en el avance de las aguas generando finalmente la salida del cauce y el desastre en las viviendas de Parque Zapallar.

En este sentido, la empresa sostiene que la responsabilidad de limpiar los bordes costeros, ubicado en zonas urbanas, corresponde al municipio curicano, en una clara muestra de sumar a la entidad edilicia a las responsabilidades compartidas.

En toda esta problemática, también se ha envuelto el senador por el Maule, Rodrigo Galilea, sindicado como uno de los responsables de dar el visto bueno al plan regulador que actualmente rige en Curicó.

Sin embargo y para ser justo en este punto, hay que señalar que el plan regulador de Curicó fue aprobado por el Consejo Regional del Maule el 5 de enero de 2010, cuando el intendente era Fernando Coloma Amaro, designado por la presidenta Michelle Bachelet. Bajo el periodo de Galilea, sólo se aprobaron las correcciones solicitadas por Contraloría, modificaciones que tuvieron un retraso de cerca de un año por parte del Ministerio de Vivienda y el municipio curicano, para dar curso al decreto de promulgación.

Cabe señalar que en aquel entonces el alcalde era Hugo Rey, aunque técnicamente el plan regulador fue aprobado por el concejo municipal en 2008, cuando el jefe comunal era Celso Morales y Javier Muñoz (actual alcalde) era concejal.

Sobre el rol de Galilea en la inmobiliaria, el senador ha señalado que no tiene poder de decisión desde 2010, cuando precisamente llegó a la intendencia del Maule, para lo cual estableció un fideicomiso ciego para evitar conflictos de intereses. De igual manera, hay que establecer que, indudablemente, tiene un vínculo con la firma de la cual es accionario.

Esta forma de tira y afloja, de apuntar a los compromisos establecidos, por ahora no ha tomado en consideración a los vecinos afectados, quienes se mantienen sacando el barro de sus casas, a la espera de rearmar fuerzas para comenzar el largo y extenso camino judicial. Este, sin duda, requerirá una investigación a largo plazo que debería arrojar las culpas correspondientes.

Lo cierto ahora es que alguien se debe hacer cargo de este problema de carácter grave, pero en nada contribuyeapuntarse los unos a los otros. Hoy es tiempo de que se asuma de una vez por todas la responsabilidad por el daño desde el sentido común, que es la construcción de obras en sectores que claramente no ofrecen ningún tipo de seguridad y torean a la naturaleza mirando en menos su fiereza.

Con todo esto, por ahora la preocupación de los vecinos tiene relación con despejar el área, comenzando por sacar el barro de los hogares. Posteriormente, se reunirán los antecedentes para realizar una demanda colectiva, en una situación que de ninguna manera estaba contemplada al momento de querer cumplir el sueño de la casa propia, y que desafortunadamente se encontró con una de las peores tragedias fluviales de la cual la zona centro sur tenga memoria.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de VLN Radio.