El Caso Convenios ha marcado un precedente que no será olvidado en el corto plazo. Pero más allá de las posibles irregularidades en la administración de fondos públicos y el conflicto de intereses, sumado al cuestionamiento a las facultades en la asignación directa de recursos por parte de los gobiernos regionales, acá quedará establecido también un problema de carácter ético y con una tremenda falta de sentido común.

Eso sí, no cabe duda de que acá hay responsabilidades compartidas, que parte de una ley de ejecución presupuestaria mal hecha que entrega una manga demasiado ancha, y que permitió tales abusos amparados en facultades legislativamente “aprobadas”.

Vamos por parte. En agosto de 2022, la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional del Maule cerraba el mes de junio con sólo un 17,19 por ciento, lo que generó observaciones por parte de algunas autoridades, quienes manifestaron preocupación en relación a la baja entrega de recursos.

Pasaron los meses y en enero de 2023, la máxima autoridad regional señalaba con orgullo el haber alcanzado el 99,5 por ciento, correspondientes a $92 mil 803 millones de pesos. “Supongo que me felicitarán”, señalaba en aquella oportunidad ¿Cómo lo hizo? Aferrándose mayormente a una facultad legal cedida por el Congreso Nacional: las llamadas asignaciones directas.

Este ítem en los últimos días ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores. Incluso, desde el Congreso han señalado no estar de acuerdo con esta forma de distribuir los recursos. Lo curioso es que fueron ellos quienes aprobaron el modelo, que permite a los gobernadores regionales tener a libre disposición, a través de la Glosa 7.1, alrededor de $400 millones para entregar a instituciones sin fines de lucro. Esto, pasando por alto la aprobación del pleno del Consejo Regional, debido a que montos inferiores a 7 mil UTM no necesitan de su “visto bueno”.

Esto es, a todas luces, una facultad que concentra del poder y genera una incongruencia en el fin descentralizador para lo cual fue establecido. No es ético que un(a) gobernador(a) tenga libre disposición de esa cantidad de millones y que decida a dedo a quién entregarlos. Tampoco corresponde que estos no sean aprobados por los consejeros.

Lo anterior, claramente distorsiona la gestión de lo que corresponde a un cargo como el de gobernador regional, que tiene relación con una perspectiva más macro en torno a un territorio, proyectándola a mediano y largo plazo.

Pero más allá de esto, existe un cuestionamiento ético en torno al propósito para el cual han sido adjudicados los recursos. En el caso de la fundación Urbanismo Social, el Gobierno Regional del Maule realizó la entrega directa de $264 millones, que serían destinados al programa de seguridad comunitaria “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”. Este buscaría disminuir la percepción de inseguridad de la población e instalar cámaras.

Sin embargo, posteriormente se conoció que el 18 por ciento de ese presupuesto sería utilizado por la ONG para “coffee breaks”, es decir, espacios de distención que cuentan con alimentos y bebestibles.

Si bien la Contraloría no tiene toma de razón de un presupuesto bajo las 5 mil UTM, al igual que el Consejo Regional no puede opinar si es bajo las 7 mil UTM, existen organismos como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y la Dirección de Presupuestos (Dipres), que sí pueden realizar observaciones. Pese a ello, en este caso en particular fallaron.

Por otro lado, si bien existe la facultad, la crítica apunta más al mérito en el cual recae esta adjudicación de recursos. Es aquí donde comienza a cruzarse la información ¿Existen tratos preferenciales? En el caso del Maule, la olla la destapó Urbanismo Social, que en una carta sostiene que rechazó la propuesta de la entidad maulina de incluir un concejal en un proyecto de seguridad, por tener militancia política en Democracia Cristiana, partido al cual también pertenece quien encabeza la actual administración.

Si bien la autoridad ha negado tal nexo, basándose en una postulación mediante un concurso, lo cierto que es el edil reconoció públicamente haber solicitado el trabajo a la autoridad. “Como lo haría cualquier chileno”, dijo.

Lo anterior provocó que 10 consejeros llegarán hasta Contraloría, para solicitar una investigación sobre este y otros casos. Asimismo, esta problemática escaló un poco más arriba tras la presentación de una denuncia formal en el Ministerio Público.

Tras los allanamientos en Talca, ordenados por la Fiscalía de Antofagasta y ejecutados por la Policía de Investigaciones el pasado 11 de julio, quedó claro que el tema aun está vigente. Eso sí, acá surge otra arista que despierta suspicacias, porque también es de conocimiento público que varios gobiernos regionales, entre ellos el Maule, han traspasado recursos por más de mil millones de pesos para un proyecto otorgado a la Unidad de Análisis y Crimen Organizado de la Fiscalía, el órgano persecutor que va a instruir las indagatorias por algún posible delito.

En cuanto a la investigación por parte de la Contraloría, ellos mismos han reconocido las dificultades cuestionar las acciones de los órganos públicos, además se marcar su incapacidad para fiscalizar a privados, prohibición para cuestionar el mérito y la ejecución presupuestaria de los servicios públicos. Así también, no puede indagar los convenios entre el Estado y distintas organizaciones. "Uno no puede saber dónde fueron a parar estos recursos públicos", señaló el contralor general en una presentación ante el Parlamento.

Si bien aún la investigación está dirigida sólo a algunos organismos del Estado, también se debe averiguar qué sucede con las corporaciones asociadas a las municipalidades, instancia requerida por muchas autoridades en torno a generar transparencia en la utilización de recursos públicos.

Acá claramente se abrió una caja de pandora, con una investigación que sigue su curso, pero que claramente necesita una revisión en el Congreso Nacional. Hay evidentes responsabilidades compartidas desde todos los sectores, así como también modificaciones que deben realizarse para el resguardo los fondos públicos, que no nos olvidemos, son de todos los chilenos y chilenas.