Alerta femicida en el Maule: preocupante tasa, y escasa protección del Estado

Elsa Espinoza Garrido (74 años), Marcela Pérez Tapia (32 años) y Karen Moreno Pernía (25 años) son las tres primeras víctimas de femicidio en el Maule en 2023, cifra que en cuatro meses ha superado el registro promedio de un año, siendo la región con mayor cantidad de este tipo de delitos en el país, superando incluso a la Región Metropolitana (2), Bío Bio (2) y Valparaíso (1).

Evidentemente estamos en presencia de una escalada de violencia que gráfica la poca efectividad de las medidas de protección que ejerce el Estado, con pautas de evaluación de riesgo que no están cumpliendo su objetivo y que revelan la ausencia de un sistema efectivo que proteja a las mujeres de nuestro país.

Hay que decir que, en dos de los tres casos, las víctimas habían manifestado episodios de violencia previos, incluso uno de ellos fue denunciado a tribunales, determinándose una orden de alejamiento que claramente fue inútil y que ni siquiera tuvo un seguimiento que pudiese actuar, ni menos prevenir cuando la tragedia estaba desatada.

Este es el caso de Marcela Pérez Tapia, quien la noche del 9 de abril -sólo horas antes de su asesinato- había presentado una denuncia por agresión sexual en la comuna de Maule. Finalmente, la joven terminó con una puñalada en su cuello por parte de su expareja, Manuel Maureira Retamal (36 años), un funcionario activo de Gendarmería de Chile que posteriormente se entregaría voluntariamente, y que fue formalizado por femicidio en grado de consumado.

En el caso de la enfermera venezolana, Karen Moreno Pernía, se relevaron diversos audios donde daba cuenta del acoso y los hostigamientos a los cuales fue sometida, lo que terminó con su muerte por asfixia -ahorcamiento con un cordel- la madrugada del 27 de abril en un fundo de Los Quillayes, Sagrada Familia.

Cabe señalar, que en este caso aún se tiene que estipular si existía un vínculo con el imputado, así también dar cuenta de la verdadera identidad del hechor, de misma nacionalidad, lo que sigue siendo indagado por la Policía de Investigaciones de Chile.

El caso de Elsa Espinoza Garrido –el primero en el 2023-, también impacta por su brutalidad. La víctima fue asesinada con un hacha por Eduardo Aceitón González, con quien convivió durante 10 años en Linares. Previamente, los vecinos declararon que constantemente eran testigos de violencia intrafamiliar hacia la persona de 73 años.

Bajo este escenario, nuevamente están en tela de juicio las denominadas “pautas de riesgos” establecidas en casos de VIF, sobre todo porque “no son suficientes”. Esta medición es aplicada por la división de atención de víctimas y testigos de la fiscalía nacional (DAVT), quienes a través de una Pauta Unificada Inicial de Riesgo (PUIR), buscan establecer “parámetros de riesgo asociados a la situación de violencia que se ha denunciado”, las cuales arrojan una calificación de “Vital/Alto, Medio o Bajo” para abordar los casos. Sin embargo, esta medición parece no ser tan efectiva al traducirla en medidas para proteger a la víctima y sencillamente quedan desprotegidas. Incluso, si existe una denuncia formal, las medidas de resguardo son insuficientes y las llamadas órdenes de alejamiento no son respetadas, por lo que las mujeres quedan a merced del agresor.

Esta columna comienza relatando tres crímenes en calidad de consumados, si ahondamos en la tipificación de “frustrados” también las cifras son alarmantes. Por ejemplo, sólo en lo que va corrido del año 2023, ya se contabilizan cinco investigaciones en curso, y si profundizamos el número aumenta considerablemente cuando ponemos atención a los llamados telefónicos que recibe el nivel de emergencias de carabineros por violencia intrafamiliar, hechos que habitualmente son denunciadas por vecinos,  pero negado en muchos casos por las mismas víctimas.

A nivel nacional, los años 2010, 2017 y 2019 se llevan las cifras más altas del delito de femicidio consumado, con más de 60 mujeres asesinadas. Los últimos tres años cerraron con 59, 56 y 43 mujeres muertas, y en lo que va de 2023, ya son 11 consumados y 74 frustrados, según las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG). Un dato no menor es que la mitad de los femicidios en Chile, aproximadamente, son ejecutados por las parejas de las víctimas y un cuarto por sus exparejas.

Si de algo puede servir como un aliciente de todo esto, es que la disposición de las mujeres a denunciar ha aumentado. Esto tiene que ver con un levantamiento feminista que ha impulsado una cultura creciente de igualdad de género y que busca detener la violencia, exponiendo a sus parejas para que el delito sea castigado por los tribunales, aunque acá entra otra dinámica, el miedo de que los convivientes no acepten el alejamiento y vuelvan a intentar a agredir a la mujer.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de VLN Radio.