Dragones Sur: La toma que resistió

Ya pasó el tiempo donde las autoridades se referían a “ella” públicamente, con portadas que acaparaban los kioscos. Sus habitantes, parece que seguirán ahí por un largo tiempo, sin título de propiedad ni permiso de edificación, en un terreno loteado ilegalmente que al visitarlo revela lo inhóspito y precario de sus construcciones, así también de las malas condiciones de vida de las cientos de familias, en su mayoría extranjeras, que allí sobreviven.

Es la Toma Guaquillo, la “Nueva Puerto Príncipe” como la han bautizado peyorativamente, y en clara alusión a la capital de Haití, porque en esa toma en la ribera del río se concentra una importante cantidad de ciudadanos de esa nacionalidad que llegaron a Chile y a Curicó en búsqueda de una nueva vida, o por lo menos, mejor que en su tierra de origen.

Aquí, queramos o no reconocerlo, ganó la ilegalidad, ganó la ocupación anormal del terreno, ganó la indignante costumbre de lucrar desde lo irregular cobrando alrededor de 50 mil pesos mensuales por un espacio que no cuenta con las mínimas condiciones para ser habitado y que, en el peor de los casos, no hay derecho de cobrar por ello si a razones humanitarias se refiere.

Los primeros residentes, fueron haitianos, que arribaron a este espacio en junio de 2019. La primera alerta la encendió la ONG “Territorio a Escala Humana”. De ahí en más, en una verdadera oleada incontrolable de personas se fue ocupando el lugar, ya no solo con viviendas precarias o “temporales” sino con edificaciones permanentes que daban cuenta de que había una real planificación para construir un nuevo barrio, una nueva población.

El asentamiento no cuenta con servicios básicos como agua potable ni energía eléctrica, de hecho, circularon imágenes de personas haciendo conexiones irregulares, peligrosamente desde la postación pública, todo a vista y paciencia de un sistema que permaneció inmóvil.

Esas conexiones “a la mala” generaron más de algún altercado con los vecinos de la población Dragones Sur lo que terminó en sendas denuncias en los medios durante febrero de 2022.

Así comenzaron una serie de intervenciones por parte de las autoridades para intentar erradicar este nuevo campamento, todo esto en el contexto actual, una migración descontrolada que no sólo tuvo que enfrentar Curicó, sino todo el país, “la ola migratoria más grande, en la historia”, dicen algunos historiadores.

El 28 de febrero de 2022, se emitió un decreto de desalojo, firmado por el aquel entonces delegado presidencial Leopoldo Ibáñez (RN), pero quedó sin efecto por errores de redacción y de forma, ya que según su sucesor, transgredía las facultades que tiene un delegado presidencial. No es menor mencionar que incluso la justicia intervino, y lo hizo para frenar un inminente desalojo, atendiendo que habían muchos menores de edad y que sin tener un plan para reubicarlos, sacarlos de ahí, se convertiría en una vulneración de sus derechos.

Desde el municipio curicano sostienen que el problema ahora está radicado en tribunales, aunque de igual forma en varias oportunidades se emplazó y se acusó de “falta de voluntad” a la representación gubernamental para realizar un desalojo, incluso con la participación de la fuerza pública, lo que ha sido rechazado -hasta el día de hoy- bajo la justificación de que no pueden ingresar a un espacio privado sin autorización judicial.

La principal crítica es a la permisividad en el derecho penal que rige este tipo de situaciones (usurpación de terreno), porque la toma de espacios tiene una penalidad muy baja y las causas se estancan por años en el escritorio de un juez, sin una resolución. Esto es algo que vemos habitualmente en todo Chile, en diversas tomas. No existe celeridad, es un vacío que debe ser abordado desde el congreso nacional.

Es importante mencionar que el terreno donde está emplazada la toma, es de propiedad del municipio curicano -según registro del conservador de bienes raíces-, y fue cedido en comodato a una iglesia evangélica la cual en primera instancia y por razones humanitarias, permitió el ingreso de los primeros habitantes.

Uno de los caminos que también adoptó el municipio para buscar una solución a esta problemática, fue la notificación personal a los residentes de la toma en mayo de 2022, cuyas razones aducidas fueron que no contaban con permiso de construcción ni recepción municipal, normas de adosamiento, distanciamiento mínimo, uso de suelo, habitabilidad, seguridad y estabilidad, lo que finalmente no se ejecutó. En este sentido al alcalde Javier Muñoz Riquelme (DC) tuvo la idea de “crear conciencia” para que voluntariamente los usuarios abandonaran el espacio, lo que finalmente tampoco funcionó. Otro de los hechos puestos sobre la mesa, fue la vulneración de derechos que estarían sufriendo algunos NNA en el lugar. Solicitada la intervención del Tribunal de Familia, el organismo judicial, sostuvo que “no se pudo comprobar lo anteriormente expuesto”.

Cabe señalar que, para realizar una intervención y tomando en cuenta la jurisprudencia en un caso similar producido en la ciudad de Valparaíso en la cual la Corte de Apelaciones de dicha ciudad como así también la Corte Suprema, se pronunciaron al respecto y se determinó que para realizar una acción de esta naturaleza, es decir un desalojo, se debía tener lugares provisorios (albergues) para quienes sean desalojados, además determinó que el desarme se haga con herramientas acordes, con materiales que debían ser guardados en una bodega. En este sentido, la coordinación para tales fines tiene un plazo de 80 días, sobre lo cual el municipio curicano no perseveró.

Hoy los números dicen que se está produciendo un éxodo de más de dos mil migrantes -principalmente haitianos- desde nuestro territorio a países como Canadá y Estados Unidos, mayormente por temas económicos y de reunificación familiar. En el caso de la Toma Guaquillo, cuando algún residente se va, automáticamente esa construcción se pone a a venta, entre 4 y hasta 5 millones de pesos, la energía eléctrica y el agua potable nadie la cobra, el lugar si bien no es seguro, al menos no genera molestias mayores al entorno, salvo contados casos de violencia intrafamiliar (claro que eso ocurre en las tomas, en las poblaciones, en los condominios, etc, es un flagelo distinto, y transversal). Los vecinos siguen denunciando que cada cierto tiempo se instala otra vivienda y la toma sigue creciendo, “ellos consiguen provisiones, no pagan patentes, se cuelgan a la luz, estamos en total abandono, pero uno aprende a convivir a diario con esto” dijo resignada una de las vecinas.

Pareciera que la toma, mientras no genere ruido, mientras no afecte el bolsillo de algún empresario, mientras no genere algún cortocircuito político, estará ahí, quietita, en silencio, esperando transformarse en un problema que deberán atender las próximas autoridades edilicias.

La toma ubicada en el sector Dragones Sur de Curicó, en la ribera norte del río Guaiquillo, parece haberle hecho honor al nombre del lugar donde se emplaza, porque cual dragón, se enfrentó a quien quiso doblegarla, le dobló la mano al destino, estoicamente resistió acciones judiciales, presión mediática, incluso la instalación de maquinaria pesada y excavadoras que mostraban sus dientes a un costado del terreno esperando la orden de atacar y que sólo consiguieron derrumbar unos pocos rucos y cavar una zanja para evitar el ingreso de camiones con materiales de construcción, pero que tampoco dieron resultados.

A pesar de todo, la toma sigue en pie, ya es parte de la comunidad, es parte del entorno y pareciera ser que el único embate que no resistirá será el de la naturaleza, porque ante los anuncios de los fenómenos climáticos venideros, es altamente probable que el río intente recuperar su curso  y, si eso ocurre, también es altamente probable que las lluvias hagan lo que no hicieron las autoridades ni el sistema y estemos lamentando una tragedia.

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