¿Quién defiende a las víctimas de un delito?

19 de Marzo del 2023 · 08:30

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de VLN Radio.

¿Quién defiende a las víctimas de un delito?
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Nuestro sistema procesal penal, aunque no se crea, es modelo en nuestra América Latina, no obstante ello, tiene sus deficiencias.

Nuestros legisladores son campeones para legislar sin dinero. Qué quiero decir con esto. Que hay leyes que para su implementación requieren recursos, de lo contrario, se trasforman en letra muerta, y por eso es que no siempre se hace fácil el legislar.

Soy de los que piensan que nuestro sistema procesal penal, en general es bueno, sin embargo, tiene deficiencias y en este comentario me avocaré a una de ellas.

Cuando se implementó el actual sistema procesal penal, este quedó con una “pata coja”, la víctima. Nadie defiende a la víctima, nadie defiende a quien ha sido víctima de un asalto, de un robo o de cualquier delito.

La comunidad cree que el Ministerio Público defiende a las víctimas, la respuesta es: si y no.

En estricto rigor el Ministerio Público es representante de la sociedad, del bien común pero no del individuo en particular. Distinta es la Defensoría  Penal Pública que tiene un rol específico, defender al delincuente, y ¡vaya que lo hace bien!

Puedo advertir que nuestros defensores penales son excelentes abogados y por añadidura defienden a su mandante  ¨con dientes y muelas”, lo que es correcto. Es su labor y con ello se cumple con la máxima legal. ¨Todo hombre tiene derecho a la defensa¨

El problema se produce con la víctima, quien no tiene defensa estatal. Una víctima para ser parte en el juicio tiene que estar representada por un abogado y como el fisco no le proporciona ninguno, si quiere defender sus derecho necesariamente deberá pagar a un abogado particular. Si no dispone de dinero para ello su presencia en el juicio puede ser meramente testimonial.

En palabras simples: Si usted es asaltado, nadie vela por sus intereses personales y por añadidura, con sus impuestos el Estado le proporciona al victimario una excelente defensa gratuita. Esto se traduce en un evidente desequilibrio procesal, pues cuando se llega a una audiencia el delincuente llega con su representante letrado (abogado) y la audiencia no se puede llevar a cabo sin la presencia del abogado defensor, y si la víctima llega sin abogado la audiencia igual se hace. ¿Es justo esto?  Admito que los fiscales hacen todo lo que esté de su parte para guiar a la víctima, pero no es su abogado, no es su defensor y su actitud dependerá de las instrucciones de la Fiscalía Regional o Nacional respecto de la importancia que ese órgano le dé a ese delito en particular.

El problema mayor es que tanto el fiscal como el defensor tienen incentivos económicos para procurar terminar las causas y es aquí donde las pretensiones de la víctima se transforman en el “jamón del sándwich”, pues ambos abogados procurar terminar la causa, el defensor con el mínimo de afectación para la vida futura de su cliente y el deseo de la víctima porque se aplique una pena ejemplar queda relegado a un segundo plano al no contar con una abogado de su confianza que lo represente.

Quien ha sido afectado por un delito difícilmente va a tener dinero para contratar un abogado, en cambio su agresor tiene abogado gratis, lo paga la propia víctima con sus impuestos. Este es el problema.

Lo cierto y concreto es que si el proceso penal fuera una mesa, le faltaría una pata. La solución: Que el Estado proporcione defensa gratuita a la víctima y así agresor y agredido se enfrentarían en igualdad de condiciones, pero para ello se requiere de recursos económicos.

Lo que parece fácil no lo es tanto, hay parlamentarios que estiman que el delincuente es una víctima de la sociedad, de ahí su reticencia a legislar para seguridad de los ciudadanos honestos de este país.

Los delincuentes saben que en un juicio entren con ventaja y eso a la larga se transforma es un incentivo para continuar por la senda del delito.

Cuando se habla de seguridad ciudadana nada se saca con poner cámaras de seguridad, más policías, más fiscales y jueces si la víctima no tiene un abogado pagado por el Estado que las defienda.

No he oído a ningún alcalde que se ocupe de este tema. Dejo la inquietud.

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