Debido a un problema administrativo, Talca podría perder 30 cámaras de televigilancia instaladas mayoritariamente en el casco histórico.
El alcalde de la comuna, Juan Carlos Díaz, manifestó su preocupación ante la notificación de la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto del eventual retiro de estos equipos, catalogándolo como "un hecho que afectaría directamente la seguridad local".
El origen de la situación reside en el contrato entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa Ingesmart S.A., el cual concluye este 15 de diciembre tras cinco años de vigencia.
El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Pública no logró hacer efectiva la cláusula de compra del equipamiento, que opera desde 2020. Esto significa que, una vez vencido el contrato, la empresa tendría un plazo de 60 días para retirar la infraestructura instalada.
La medida no solo afectaría a Talca, sino también a las comunas de Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Curicó, Linares y Chillán, incluidas en el mismo contrato.
Las autoridades comunales han advertido que la eventual desinstalación de los equipos representaría un "retroceso en materia preventiva", debido a que las cámaras cumplen un rol esencial en la vigilancia de zonas estratégicas y han sido clave para la prevención y control del delito.
Entre 2020 y 2025, el Sistema de Teleprotección registró más de 700 controles de identidad, más de 450 denuncias y cerca de 530 detenciones. Su retiro reduciría de forma significativa la capacidad de vigilancia en puntos de alta circulación.