Diversas reacciones gremiales ha generado la reciente muerte de un enfermero del Hospital de Curicó, hecho que paralelamente abrió el debate público respecto a una serie de denuncias por presunto maltrato y acoso laboral al interior del recinto.

Ante el descontento de algunos sectores que acusan una suerte de inacción o silencio institucional, las autoridades de la red de salud salieron a detallar los mecanismos formales con los que se abordan estos conflictos.

Jaime Bertolotto, director (s) del Servicio de Salud Maule, afirmó que toda contingencia relacionada con la convivencia en el entorno de trabajo se canaliza a través del Protocolo de Denuncia de Acoso Laboral, Acoso Sexual y Violencia en el Trabajo (VALS), instrumento que rige de manera estricta.

Esta regulación técnica fue diseñada con el propósito de fijar criterios y acciones formales que faciliten el proceso de denuncia, investigación y sanción. Según explicaron desde el SSM, se trata de una herramienta basada en la normativa vigente, con enfoque de derechos y de género, que busca garantizar el debido proceso tanto para denunciantes como para denunciados.

Al ser consultado sobre la ausencia de comunicados masivos o declaraciones públicas inmediatas tras conocerse el deceso del profesional, Bertolotto señaló: “No nos referimos por la prensa a este tipo de hechos, porque las investigaciones internas, sean éstas investigación sumaria, sumario administrativo o procedimiento por Ley Karin o denuncias de violencia laboral, las indagatorias son reservadas. Violar este principio constituye una falta grave a los deberes funcionarios”, aclaró la autoridad.

En esa misma línea, el director fue enfático en señalar que el silencio no responde a una omisión voluntaria, sino al cumplimiento irrestricto de la ley de administración pública. “Por lo tanto, la ausencia de declaraciones públicas no es complicidad, sino el cumplimiento de la normativa. Además, la emisión de un comunicado o declaración pública sobre denuncias de acoso, puede revictimizar a las personas afectadas. Debemos evitar la exposición pública y resguardar la información ante eventuales estigmatizaciones o incluso represalias”, argumentó.

Finalmente, la dirección regional del organismo técnico advirtió sobre los riesgos asociados a exponer los pormenores de los conflictos laborales y administrativos en los medios de comunicación antes de que las indagatorias arrojen resoluciones definitivas.

A juicio de los estamentos directivos del Maule, la “mediatización” de procesos conflictivos de esta índole posee el potencial de generar una alarma innecesaria en la comunidad, lo que podría traducirse en una eventual pérdida de confianza de los usuarios hacia su propio centro de salud, sumado a la creación de un clima de polarización interna que entorpezca el normal desarrollo de las funciones médicas.