Arresto domiciliario total para arquitecta curicana acusada de millonaria estafa
Marcela Hernández Moreira quedó sujeta a privación de libertad tras ser formalizada por estafas reiteradas. Entre las víctimas se encuentran un médico y un kinesiólogo, quienes denuncian la apropiación de casi $140 millones destinados a la construcción de un centro traumatológico que quedó inconcluso.
El Juzgado de Garantía de Curicó decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para la arquitecta Marcela Alejandra Hernández Moreira, formalizada por los delitos de estafas y otras defraudaciones contra particulares. Según la resolución dictada por el juez Bastián Habib González, la imputada deberá cumplir la "privación de libertad en forma total en su domicilio ubicado en Curicó", donde la PDI realizará controles periódicos, sumado a la prohibición de salir del país.
Los hechos que originaron esta investigación, iniciada judicialmente en 2023, tomaron especial relevancia tras conocerse el caso de dos reconocidos profesionales de la salud que acusan haber sido severamente engañados. Se trata del médico traumatólogo Óscar Rojas y el kinesiólogo Sergio Díaz, representantes de la Sociedad Médica Salud Bienestar y Educación Limitada, quienes pretendían levantar un moderno centro médico deportivo en calle Merced.
Según los antecedentes aportados por las víctimas, iniciaron los trámites a principios de 2019 y contemplaban invertir $200 millones con una empresa talquina. Sin embargo, en plena pandemia, la imputada se les acercó ofreciendo sus servicios y asegurando tener contactos en la municipalidad para agilizar el proyecto ante la Dirección de Obras. "La conocemos de niña, desde enseñanza básica, a sus padres también desde hace mucho tiempo y yo incluso trabajé con su madre", relató el Dr. Rojas, explicando por qué confiaron en ella y desistieron del contrato original.
La arquitecta, que aparentaba solvencia manteniendo una oficina y varios emprendimientos locales, les recomendó contratar a un coimputado, identificado con las iniciales J. A. M. B., a quien presentó como constructor civil. Tras solicitar un pago inicial de $26 millones a modo de adelanto, los profesionales continuaron entregando recursos a través de cheques que sumaron casi $140 millones en un lapso de ocho meses.
El engaño quedó al descubierto cuando las víctimas notaron el nulo avance físico del recinto. "Le pedimos el libro de obras y no apareció nunca (...) vimos que solo tenía construido un radier, un cuarto de una piscina y unos paneles, nada más", detalló el facultativo. Peritajes posteriores solicitados a ex jefes de obras municipales revelaron que solo había un 40% de avance, presentando gravísimas deficiencias estructurales, como radieres partidos y una estructura metálica para la piscina mal anclada, con evidente riesgo de colapso.
El abogado querellante en la causa, Juan Andrés Iriarte, precisó que la "modalidad de actuar era que contactaban a distintas víctimas, concertados ambos para los efectos de presentarse como expertos en construcción, obtener el pago de dineros de las víctimas para luego aparentar que iniciaban una construcción". Iriarte, quien representa a la sociedad médica y a otras cuatro víctimas en la ciudad, aseguró que los afectados se fueron percatando de que la situación "era más parecido a un fraude que a una especie de trato serio", estimando que el perjuicio total supera los 300 millones de pesos.
Durante la reciente audiencia de formalización, la defensa solicitó firma mensual, mientras que los querellantes exigieron prisión preventiva. Finalmente, el tribunal consideró que "la prisión preventiva era excesiva atendido los fines que se van a cautelar con la investigación y decidió en su lugar imponer la medida cautelar de arresto domiciliario total" para la arquitecta.
En tanto, el coimputado J. A. M. B. no se presentó a la instancia judicial. Al respecto, el abogado Iriarte confirmó que el sujeto "no ha logrado ser habido" a pesar de ser buscado por las policías, por lo que el tribunal fijó una nueva audiencia para el mes de junio, oportunidad en la que buscarán notificarlo formalmente y solicitar su prisión preventiva.
Mediante la acción legal, los afectados exigen cinco años de presidio menor en su grado máximo para los acusados, la devolución íntegra de los $139,5 millones defraudados, y una indemnización adicional de $500 millones por concepto de lucro cesante y daño moral.