La apertura de un sumario por parte de la Contraloría General de la República en contra del alcalde de Curicó, George Bordachar, por haber asistido al casino de Antofagasta teniendo prohibición legal para ello, ha generado diversas reacciones al interior del Concejo Municipal.
El concejal Edgardo Reyes fue uno de los reaccionó ante el caso, informando que ya tomó acciones formales. "Presenté un oficio solicitando información formal respecto de los antecedentes que se han conocido públicamente", señaló Reyes, enfatizando que su intención no es generar polémicas artificiales, sino defender "algo mucho más básico pero fundamental en el servicio público, que es la transparencia". En ese sentido, añadió que la autoridad debe "ser la primera en dar el ejemplo" y actuar con total apego a la ley y los principios de probidad.
Por su parte, la concejala Pilar Contardo hizo un paralelo con un caso reciente que sacudió al municipio. "Es una noticia que sin duda impacta, sobre todo considerando el contexto actual que nosotros hemos vivido, sobre las y los funcionarios que estando haciendo uso de una licencia médica han viajado al extranjero", indicó Contardo, recordando que la administración habló de "destitución" en esos casos. Por ello, se encuentra a la espera del inicio de la investigación sumaria y anunció que realizará"una presentación en la Contraloría con estos mismos antecedentes que hoy día se han hecho públicos".
El concejal Francisco Sanz apuntó a la claridad de las normativas. "Yo creo que el estándar en este tipo de situaciones está absolutamente establecido por la propia alcaldía, el departamento jurídico y yo diría que también en el seno del concejo municipal", afirmó Sanz. El edil fue enfático en señalar que "hay una norma, una ley que prohíbe que ciertas autoridades del país vayan a los casinos" y que saltarse esa norma "no es una buena cosa". Sanz valoró que el alcalde reconozca el hecho y se ponga a disposición del sumario, el cual "tendrá que velar por un debido proceso, los descargos, escuchar al alcalde y luego tendrá que emitir una sanción que va desde multa hasta destitución".
Finalmente, la concejala Paulina Bravo expresó su preocupación por el impacto que esta situación genera en la comunidad y al interior del edificio consistorial. “El municipio a mi sentir queda tenso, un poco confundido también, más que nada con el mensaje que se entregó el 2025 en cuanto a diversos conflictos económicos por los que estaba pasando el municipio, endeudamiento, crédito”, señaló Bravo.
La edil destacó que en ese momento “estábamos todos en esta sintonía de ahorro, austeridad y enterarnos por los medios de estas situaciones, se pierden las confianzas”. Ante este escenario, la concejala indicó que propondrá a la comisión reunirse para tomar directrices, realizar investigaciones y eventualmente emitir un comunicado conjunto que respalde a la comunidad y a los funcionarios, enfatizando que “al final uno se debe hacia la comunidad”.
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