Durante la jornada de este jueves 26 de febrero, el Juzgado de Garantía de Curicó llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación en contra del exseremi y abogado, Carlos Palacios Maldonado, y la contadora auditora y excandidata al CORE Maule, María Cristina Puga. Ambos fueron formalizados por el Ministerio Público en calidad de autores de los delitos consumados de uso indebido de timbres del Estado y falsificación o uso malicioso de documentos públicos.

Los hechos expuestos en la audiencia por la Fiscalía detallan que Palacios y Puga, mientras se desempeñaban como funcionarios del Departamento de Administración Educacional Municipal (DAEM) de Sagrada Familia, se habrían concertado para evitar ser desvinculados de sus puestos de trabajo.

"Ante la desconfianza de su continuidad laboral con el municipio, se concertaron con la finalidad de extender maliciosamente sus contratos de trabajo de duración determinada y que así no lograran ser desvinculados en las fechas indicadas", señala el acta de formalización.

El ente persecutor acusa que, entre los años 2022 y 2023, Carlos Palacios habría abusado de su oficio como abogado del DAEM para cometer falsedad en copias de decretos alcaldicios y anexos de contratos. Estas adulteraciones buscaban ampliar la relación laboral de ambos imputados con el municipio hasta el 31 de diciembre de 2024.

Para lograr dar apariencia de legalidad a los documentos, los acusados se habrían procurado indebidamente de los verdaderos timbres municipales asignados a distintas autoridades, entre ellos el del exadministrador y alcalde suplente, Enzo Ormazábal, y de los secretarios municipales, Patricio Salinas y Blanca Ruz.

Además de estampar estos sellos oficiales, la Fiscalía sostiene que procedieron a "contrahacer o fingir en dichos documentos las firmas de aquellos mediante su reproducción manual, suponiendo en ese acto la intervención de estas personas sin que hayan tenido participación".

En la causa también actúa como querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco de Chile, asumiendo la defensa de los intereses y derechos del Estado que resultaron perjudicados por este ilícito.

Tras conocer los antecedentes, la magistrada Estefanía Hunrichse Andrade resolvió acoger la solicitud de medidas cautelares, decretando para Carlos Palacios y María Cristina Puga la medida de arraigo nacional, lo que les prohíbe salir del país mientras dure el proceso judicial.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de investigación de dos meses para llevar a cabo las diligencias pendientes.