Una compleja situación enfrentan diversas localidades rurales de Curicó, Sagrada Familia y Hualañé, debido a la suspensión del reparto de agua potable mediante camiones aljibes. El problema, según denunció el alcalde de Curicó, George Bordachar, radica en una millonaria deuda con las empresas proveedoras del servicio.

La autoridad comunal explicó que la deuda asciende a más de $1.200 millones, lo que ha llevado a los transportistas a detener sus operaciones, afectando directamente a familias que dependen de este suministro vital.

Ante la emergencia, la Municipalidad de Curicó ha debido asumir la distribución con recursos propios. "Nosotros vamos a tener que asumir para nuestros vecinos... vamos a ir trabajando directamente con ayuda nuestra", señaló Bordachar, afirmando que "ya se ha hecho anteriormente en sectores Isla de Marchant".

Bordachar fue enfático en desligar al municipio de la responsabilidad administrativa del conflicto, apuntando directamente al nivel central. "Aquí hay una responsabilidad del gobierno... están atrasados con muchos millones... la Dipres es el Estado, el Ministerio del Interior es el Estado, la Delegación es el Estado. No es la Municipalidad de Curicó".

El alcalde hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior para regularizar los pagos y restablecer el servicio normal. "Que paguen esto para que puedan reponer este servicio que es de vital importancia", exigió, advirtiendo que la responsabilidad final recae en las autoridades de Gobierno.

Mientras tanto, el municipio continuará coordinando la entrega de emergencia para "no dejar sin agua a nuestra población", aunque reconociendo que se trata de una medida paliativa frente a un problema estructural de financiamiento estatal.