"No puedo llegar como un Sheriff": Alcalde de Curicó requiere una intervención estatal en toma Dragones Sur

El alcalde de Curicó, George Bordachar, reconoció la complejidad del proceso de desalojo en la toma Dragones Sur, ubicada en el sector surponiente de la ciudad. En ese sentido, enfatizó que, si bien aunque existe una orden judicial vigente, la ejecución de esta trasciende las facultades municipales y requiere una intervención directa del nivel central.

El jefe comunal fue enfático en señalar que el municipio no tiene la capacidad operativa ni legal para actuar en solitario frente a un asentamiento de esta magnitud. “La responsabilidad es nuestra, hay una orden judicial de desalojo... pero no es una cosa que sea un Sheriff, que yo diga 'ya, vamos mañana, metamos retroexcavadora y saquemos a la gente'. Probablemente se está viendo, porque llevan muchos años... esto es un tema de Estado”, declaró, aludiendo a la necesidad de recursos y logística que solo el Gobierno puede proveer.

El conflicto legal ha tomado un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la causa penal por el delito de usurpación, mediante un documento emitido en septiembre de 2025, que aún no ha sido validado por el tribunal, por lo que todo igual.

Ante este posible escenario, el municipio continuará con su estrategia jurídica y administrativa respaldándose en el Decreto de Demolición. El argumento central es técnico y de seguridad: las construcciones levantadas en la toma no cuentan con recepción final ni permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

“Si usted se hace una casa, tiene que pedir un permiso, tiene que hacer la recepción, todos los trámites. Aquí esta gente construyó unas casas maravillosas de dos pisos y nadie les dijo nada”, cuestionó el alcalde, justificando la aplicación de la normativa de urbanismo para recuperar el terreno.

Actualmente, se estima que cerca de 600 familias residen en el asentamiento. La administración local ha intentado realizar un catastro social para buscar soluciones, encontrando buena disposición en la comunidad haitiana. Sin embargo, el proceso se ha visto obstaculizado por trabajadores de otras nacionalidades que se niegan a ser censados.

El alcalde también puso sobre la mesa el sentido de justicia habitacional respecto a los comités de vivienda que siguen el conducto regular. “Hay que pensar en la gente que ha hecho la fila, que ha hecho sus ahorros, que está postulando a su casa y que tienen 11 años esperando. ¿Por qué a esta gente se le entregaría una solución y no a ellos?”, reflexionó la autoridad.

Por ahora, el municipio mantiene una mesa de trabajo activa con la Delegación Presidencial Provincial, Carabineros, la PDI y la Fiscalía, a la espera de definiciones de las futuras autoridades tras el próximo cambio de Gobierno, liderado por el Presidente electo, José Antonio Kast.