El alcalde de Curicó, George Bordachar, se comunicó con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, para abordar la situación que vive la comuna curicana con la toma "Dragones Sur", que al igual que en Quilpué, cuenta con una orden vigente para su desalojo.

La llamada del jefe comunal se dio en el contexto de la demolición de la toma Calicheros en la provincia de Marga Marga, un operativo que busca servir de precedente para la acción que se pueda realizar en Curicó.

Tanto Bordachar como Corti coincidieron en la necesidad de establecer el grado de vulnerabilidad de los ocupantes de los terrenos. Por ello, el municipio curicano ha estado trabajando en un catastro que permita saber cuántas personas viven en el sector y cuál es su situación social. "Me comuniqué con la alcaldesa (Corti) para saber cómo lo hicieron. Coincidimos en la importancia de un catastro", dijo.   "Es injusto para las familias que están esperando hace mucho tiempo una vivienda. Ahí debe está el Estado", agregó.

Sobre el decreto de desalojo, Bordachar sostiene que es necesario saber si actualmente está vigente (lo está), con el objetivo de mantener los documentos en regla en caso de requerir una acción. "Debemos tener la resolución vigente de aquí a fin de año", declaró Bordachar.

Sobre lo anterior, fuentes de Gobierno afirmaron a VLN Radio que cualquier medida de desalojo está supeditada a una decisión municipal, dado que el terreno donde se ubica la toma no es de uso público. Lo anterior incluye la posible solicitud de asistencia a Carabineros y la visita de un receptor judicial.

En marzo de 2025, el municipio curicano y la delegación presidencial provincial realizaron una mesa de trabajo conjunta para realizar un catastro con el objetivo de saber la situación socioeconómica y migratoria de las personas que residen en el lugar y así entregarles asistencia por parte del Estado.