Orden de desalojo de la toma en Dragones Sur de Curicó: Pastoral asistencial se opone a medida y critica al municipio

Este miércoles se conoció la decisión de la Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Curicó, la cual ordenó el desalojo de la toma del terreno municipal ubicado en el sector de Dragones Sur, al surponiente de la ciudad, donde hay alrededor de 200 viviendas y más de 500 personas incluyendo a menores de edad.

El magistrado que firmó la medida cautelar solicitada por el municipio, Eduardo Fritz Castro, precisó que se debe realizar el “desalojo de todos los ocupantes del inmueble en el que ilegalmente se encuentran, con el auxilio de la fuerza pública en el más breve plazo”.

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Consultada sobre la medida, la hermana Ana Carvajal, integrante de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca que realiza labores asistenciales a la comunidad haitiana en el campamento, criticó a la administración comunal y la acusó de inconsecuente.

“La misma municipalidad, en diciembre de 2023, nos ayudó con el campamento con una autorización y formulario, que permite que pueda ser inscrito a nivel nacional. Esto ocurrió después de una reunión que tuvimos con el ministerio de Vivienda y Urbanismo en Talca, conversando con la encargada de asentamiento precario. (…) Me pregunto, ¿qué pasa con estas incongruencias?”, cuestionó la religiosa.

En respuesta, el alcalde, Javier Muñoz, apuntó que “por muy extranjeros que sean, ellos están abiertamente transgrediendo la ley en Chile. Están desarrollando una toma ilegal y, además, han alterado sustancialmente y en forma negativa la calidad de vida de todos los habitantes del entorno donde ellos se han instalado”.

“Valoro el trabajo que se hace desde la iglesia, pero eso no puede inhibir mi responsabilidad respecto de lo que significa amparar una toma ilegal, en un espacio que es de propiedad nacional. Y que, además, es una zona declarada en el plan regulador como inundable. Por lo tanto, ellos tienen un riesgo y en las últimas inundaciones de agosto estuvieron a pocos centímetros de correr la suerte de otras comunidades afectadas”, sostuvo la autoridad local.

Por su parte, el concejal, Francisco Sanz, criticó que pese a que el fallo judicial fue firmado en febrero, esto no fue comunicado al Concejo Municipal.

“Me enteré de esta resolución el miércoles (3 de abril), en una entrevista radial que concedió el alcalde a un medio en Talca. No informó al concejo, pero es un tema de ego interno que podemos verlo”, expresó el edil.

Respecto al desalojo, Sanz, refirió que “me alegro que, en el fondo del asunto, se hayan hecho las acciones judiciales y hoy la justicia diga que se restituyen estos terrenos, tomados a la fuerza. (…) No corresponde que se pierdan para los proyectos de la ciudad”.

En cuanto a la defensa que se ha hecho de la toma, el concejal postuló “¿es justo para los miles de curicanos y curicanas que llevan diez, quince años en los comités habitacionales? Que se juntan con diputados, alcaldes y concejales, que les dan puras aspirinas. Que han esperado y creído en la institucionalidad chilena, en el Estado, en el Serviu, en la municipalidad, que tienen su libreta de ahorros”.

Según las autoridades, los próximos pasos serán generar una mesa de coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule para ejecutar el desalojo.