Municipio de Curicó niega obligación legal de destinar espacio para ocupantes de toma en Dragones Sur

Ante el eventual desalojo de la toma ubicada en el sector Dragones Sur de la comuna de Curicó, sigue el desacuerdo entre las autoridades respecto al destino de los casi 200 habitantes del terreno a orillas del río Guaiquillo.

Al respecto, fue el prefecto de Carabineros, coronel Óscar Muñoz, quien señaló que “la municipalidad, que requiere de la salida de estas personas, tiene que también contar con los respectivos espacios para que puedan quedarse después”.

“¿Dónde las vamos a llevar? ¿Las vamos a dejar en la calle? Hay niños de por medio. La municipalidad debe garantizar eso en el caso de que hagamos ese trabajo”, acotó el prefecto.

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En respuesta, el director jurídico del municipio, el abogado Juan Barrera, sostuvo que no existe ninguna ley que los obligue a contar con un inmueble, vivienda o espacio para trasladar a las familias. Además, agregó que “condicionar el cumplimiento de un decreto a esta causa, no es razonable ni pertinente”.

En ese sentido, el profesional precisó que hace un año el alcalde, Javier Muñoz Riquelme (DC), dictó un decreto disponiendo la demolición de todas las construcciones realizadas ilegalmente en la ribera del río. Esto, fundado en la Ley de Urbanismo y Construcciones.

“Producto de lo anterior, se solicitó con fecha 1 de julio del 2022, a través del oficio 812 al delegado provincial, que gestionara y coordinara con Carabineros el apoyo de dicha institución para resguardar la integridad física del personal municipal, que iba a llevar a efecto el cometido de la demolición”, explicó el jurista.

“En atención a que el municipio no tuvo respuesta, se reiteró el 22 de mayo con el oficio 1.299 la petición al delegado, para coordinar a Carabineros y apoyar dichas labores. No nos cabe sino ratificar que el municipio ha sometido su accionar con respeto a la constitución y las leyes”, aseguró Barrera.

Sobre lo afirmado por la autoridad policial, el abogado refutó que “condicionar el cumplimiento de un mandato legal a situaciones que no están previstas en la ley no corresponde, es un error lo afirmado por el prefecto de Carabineros”.

“Los municipios no están para construir casas o entregar viviendas, para eso hay otros servicios dentro del aparato estatal. (…) esperamos que dentro de la brevedad el municipio tenga respuesta del delegado presidencial, para que coordine el contingente policial necesario y cumplir con el decreto dictado en conformidad a la ley y a la constitución”, enfatizó el director jurídico.

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Pilar Contardo, acotó que “por ningún motivo existe una intención de vulnerar los derechos de las personas, chilenas o extranjeras, en el entendido que derecho que también refiere a las familias del entorno, las que desde hace bastante tiempo se han visto afectadas por lo que, claramente y bajo todas las normativas legales vigentes, es una toma irregular”.