Delegado presidencial de Curicó se reunirá con ocupantes de toma de Dragones Sur y descarta solución en el sector

Diversas reacciones de autoridades generó la entrevista concedida al programa Sala de Prensa de VLN Radio por el vocero de la toma Dragones Sur en la ciudad de Curicó, Jean Leonel Aldian, quien a nombre de las más de 200 familias ubicadas en el lugar, solicitaron una solución habitacional y evitar tanto el desalojo como la demolición de sus casas.

Actualmente, confirmó el representante de los ocupantes, en el campamento viven 469 personas, en su mayoría de nacionalidad haitiana. Entre ellas, hay 109 niños y 15 mujeres embarazadas.

El delegado presidencial provincial, José Patricio Correa (PR), indicó que “recibimos la solicitud formal de una reunión y nos vamos a reunir (…) Pero aquí la legalidad del proceso está clarísima, es un terreno que es ilegal para habitarlo, por seguridad de las personas. Fue tomado y por tanto no existe ninguna solución habitacional en ese sector”.

“Tienen que regirse por las normas y leyes que imperan en el país. El año pasado nos reunimos con ellos, con el representante, en conjunto con todos los actores y se les planteó que ese lugar no es posible habitarlo, que tienen que buscar alternativas tal como lo hace cualquier ciudadano de nuestro país”, precisó el delegado.

En ese sentido, Correa, enfatizó que los extranjeros, “una vez teniendo su residencia definitiva, su nacionalidad, pueden acceder a cualquier solución habitacional, pero respetando la fila, no saltándosela”.

Sobre la solicitud de desalojo y demolición de las viviendas de la toma, efectuada por el municipio de Curicó, el delegado informó que está a la espera de la resolución judicial para conocer su contenido.

“El viernes (26 de mayo) fue derivado al departamento jurídico y esperamos tener su respuesta para ver todos los alcances. (…) una vez que eso se determine, nos sentamos en conjunto con el municipio y Carabineros. Si el Consejo de Defensa del Estado nos indica que está dentro del margen legal, no tenemos ningún problema en solicitar el apoyo de la fuerza pública”, advirtió la autoridad.

Por su parte, el prefecto de Carabineros, coronel Óscar Muñoz, afirmó que los desalojos tienen protocolos y que “la municipalidad, que requiere de la salida de estas personas, tiene que también contar con los respectivos espacios para que puedan quedarse después”.

“¿Dónde las vamos a llevar? ¿Las vamos a dejar en la calle? Hay niños de por medio. La municipalidad debe garantizar eso en el caso de que hagamos ese trabajo”, acotó el prefecto.

Respecto a la posibilidad de crear un cierre perimetral en el lugar, el coronel Muñoz, aclaró que esto no corresponde a Carabineros, ya que “lo tiene que garantizar las personas que lo están solicitando, en este caso la municipalidad. Nosotros podemos colaborar en lo que son los patrullajes preventivos”.

Consultada sobre este tema, la directora de Desarrollo Comunitario, Pilar Contardo, sostuvo que este conflicto “no es un tema de resorte municipal, no somos los municipios los que tenemos ni la capacidad ni los recursos para resolver el tema de vivienda”.

“Tampoco somos nosotros quienes tenemos la posibilidad absoluta de revisar, por ejemplo, la situación migratoria de las personas que han ingresado de forma irregular al país. (…) Son materias que se escapan a nuestra gestión”, explicó Contardo.

Asimismo, concluyó la directora, “necesitamos también la presencia del Estado, desde distintas reparticiones, donde se pueda buscar efectivamente una solución que sea mucho más integral a esta problemática”.

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