La Policía de Investigaciones (PDI), mediante el trabajo conjunto de sus unidades especializadas en Cibercrimen y el Instituto de Criminología (INSCRIM), entregó una serie de directrices preventivas dirigidas a las comunidades escolares. Esta acción responde al preocupante aumento de amenazas de ataques en establecimientos educacionales, las cuales se difunden y viralizan principalmente a través de plataformas y redes sociales.
Ante la gravedad de este escenario, el jefe de la Brigada del Cibercrimen, subprefecto Cristian Villalobos, fue enfático en señalar que toda amenaza detectada debe ser considerada como real desde el primer momento. El oficial de la PDI advirtió que este tipo de situaciones genera una profunda alarma pública y obliga a la activación inmediata de protocolos policiales de alta complejidad para garantizar la seguridad.
El fenómeno también fue analizado desde su impacto conductual. Vania Saavedra, psicóloga del INSCRIM, apuntó a un incremento sostenido de las denuncias sobre acoso escolar, las cuales muchas veces se vinculan a la asimilación de discursos agresivos en internet. "Existe un mayor consumo de parte de los jóvenes de las redes sociales, este hábito junto al acceso a discursos, contenidos, narrativas, pueden legitimar el uso de la agresión o de la violencia como forma de expresión", explicó la profesional.
La situación se refleja claramente en las estadísticas. De acuerdo a lo detallado por la psicóloga de la PDI, "a nivel mundial, hay una cifra que bordea el 36% de niños y jóvenes que han sufrido algún tipo de violencia digital. En Chile, este aumento es gradual desde la pandemia con un alza del 10% en denuncias durante 2024 (8.509 casos) respecto al año anterior, concentrándose en maltrato entre estudiantes y agresiones físicas".
Frente a casos de acoso o amenazas, la policía recomendó resguardar toda la evidencia digital posible, incluyendo capturas de pantalla, enlaces y nombres de usuario, ya que esta información es la pieza clave para que las brigadas logren identificar a los responsables. En paralelo, la institución reiteró la necesidad de realizar denuncias oportunas en cualquier cuartel de la PDI o en el Ministerio Público, informando además a la dirección del recinto educacional.
Las autoridades de seguridad advirtieron tajantemente que los afectados no deben intentar identificar, confrontar ni "funar" a los posibles autores exponiéndolos en redes sociales. Tomar la justicia por mano propia no solo entorpece las diligencias investigativas, sino que también puede constituir nuevos delitos.
Finalmente, el rol de los adultos asoma como fundamental. La PDI llamó a los padres a mantener una supervisión activa de las plataformas digitales de sus hijos y a dialogar sobre las consecuencias legales de estos actos. Sobre las señales de alerta en el hogar, Saavedra precisó que "desde la psicología infanto-juvenil es necesario transmitir que no existe una única conducta que nos pueda advertir de alguna situación de bullyng o daño emocional que pueda existir en algún niño, no obstante, es importante considerar cambios conductuales que pueden presentar niños y jóvenes, así como falta de adherencia al sistema escolar, mayor reclusión, menor espacio de sociabilización, dentro de manifestaciones que nos pudieran preocupar".
La PDI concluyó su mensaje instando a todos los establecimientos educacionales a mantener plenamente activos y actualizados sus protocolos de seguridad, en permanente coordinación con las autoridades para proteger de forma efectiva a toda la comunidad escolar.
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