La Contraloría General de la República dejó al descubierto una serie de irregularidades vinculadas a los pagos realizados a Pablo Amaro Valenzuela, quien recientemente asumió el cargo de secretario regional ministerial (seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Maule. Los cuestionamientos del ente fiscalizador se centran en el período en que la actual autoridad se desempeñó prestando servicios a honorarios en la Municipalidad de Villa Alegre.

De acuerdo con el informe emitido por la entidad, se detectaron pagos por un monto total de $13.424.000, correspondientes al periodo entre enero y agosto de 2024, por labores asociadas al Programa de la Juventud de dicha casa edilicia. Sin embargo, la fiscalización determinó que dichas actividades carecieron de los respaldos suficientes para acreditar su real ejecución.

A esta situación se suma el hallazgo de una contratación paralela, extendida entre enero y octubre de 2024, por la suma de $17.024.520 para la prestación de servicios profesionales en manejo comunicacional. Sobre este contrato, la Contraloría observó la entrega de informes mensuales demasiado generales, la ausencia total de un reporte correspondiente al mes de abril y la falta de verificación de los servicios durante mayo.

Ante estos antecedentes, el documento del organismo contralor fue enfático en señalar que “sobre los dos resultados precedentes, ese municipio deberá efectuar una revisión exhaustiva con el objeto de determinar las tareas que efectivamente realizó, correspondiéndole respecto de las que no ejecutó determinar su cuantía e iniciar las acciones que en derecho procedan para obtener la restitución de esos fondos”. Si bien desde el municipio indicaron que la situación fue subsanada mediante la presentación posterior de documentos, de igual forma se instruyó la realización de un sumario interno.

Los cuestionamientos hacia Amaro Valenzuela se enmarcan dentro de una serie de denuncias impulsadas por autoridades locales y parlamentarios. En agosto de 2024, la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, junto a los diputados maulinos Francisco Pulgar y Consuelo Veloso, solicitaron una investigación formal por diversas anomalías al interior de la administración del alcalde Pablo Fuentes Vallejos.

Dichas denuncias previas apuntaban a una serie de irregularidades en la gestión municipal, incluyendo tratos directos que representaban el 75% de las adquisiciones entre los años 2021 y 2023, eventuales sobreprecios en la compra de inmuebles, evidentes retrasos en la ejecución de proyectos y el pago de honorarios injustificados.

Como parte de este proceso, en septiembre de 2024 la Contraloría ya había acogido una de las denuncias, ordenando a la Municipalidad de Villa Alegre abstenerse de contratar personal a honorarios para cumplir funciones regulares de gestión interna. En el informe final de esta indagatoria, donde la identidad de Amaro fue protegida en virtud de la ley de privacidad, el ente fiscalizador reiteró la exigencia de revisar exhaustivamente las tareas realizadas para proceder a la restitución de los recursos públicos en caso de confirmarse que los servicios no fueron ejecutados.