Controversia en el GORE Maule: Cuestionan millonaria asesoría de abogada cuyo esposo es juez de la Corte de Talca

El Gobierno Regional (GORE) del Maule se encuentra en el centro de una compleja controversia administrativa y judicial tras revelarse el pago de 9,1 millones de pesos a la abogada Angélica Caro Toro por una asesoría que se extendió por solo dos meses. El servicio fue contratado mediante la vía del trato directo el 11 de noviembre de 2025, teniendo como objetivo principal abordar legalmente los procesos de no renovación de contratos y la disminución de grados de diversos funcionarios de la institución.

La situación ha generado profundos cuestionamientos éticos debido al vínculo familiar de la profesional. Angélica Caro es cónyuge del ministro Moisés Muñoz, magistrado que presidió la Corte de Apelaciones de Talca hasta el pasado 2 de marzo, precisamente el mismo tribunal donde en la actualidad se tramitan los recursos de protección interpuestos por los trabajadores afectados por las desvinculaciones. A esto se suma que la contratación en el GORE fue inicialmente catalogada como "confidencial", manteniéndose bajo estricta reserva hasta un mes después de finalizado el vínculo contractual.

Según justificó la administración liderada por el gobernador Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), la decisión de contratar directamente a Caro Toro se fundamentó en su vasta experiencia en derecho administrativo y en la alta probabilidad de que las medidas adoptadas terminaran judicializadas. En términos económicos, el presupuesto original se fijó en 7 millones de pesos; sin embargo, este sufrió un incremento del 30% apenas 17 días después de la firma del acuerdo, argumentándose que el volumen de informes y actos administrativos requeridos superaba la planificación inicial, alcanzando así la cifra final de 9,1 millones de pesos.

La investigación periodística, dada a conocer por el portal CIPER Chile, indica que tras la ejecución de esta asesoría, al menos siete funcionarios a contrata presentaron acciones legales ante la Corte de Apelaciones de Talca entre diciembre y enero, denunciando la vulneración de sus derechos laborales. En este escenario, el ministro Moisés Muñoz intervino inicialmente en la tramitación de las causas, participando en las salas que rechazaron las órdenes de "no innovar" solicitadas por los recurrentes, las cuales buscaban mantener sus puestos de trabajo mientras se dictaba una sentencia definitiva. No fue sino hasta finales de febrero, y tras la presentación de solicitudes formales de inhabilidad por parte de los abogados de los trabajadores, que el magistrado optó por restarse de tres de los casos, reconociendo el vínculo matrimonial con la asesora del organismo recurrido.

Frente a las críticas, la abogada Angélica Caro Toro ha defendido firmemente la legitimidad de su labor profesional. La jurista aseguró que su intervención se limitó estrictamente a la sede administrativa y técnica, sin tener injerencia alguna en las decisiones jurisdiccionales del tribunal, descartando de plano la existencia de conflictos de interés o tráfico de influencias. No obstante, el reportaje advierte que su postura contrasta con la del propio Gobierno Regional, entidad que justificó la contratación de sus servicios precisamente previendo el escenario de judicialización que ella desestima como parte de su esfera de influencia.