Expertos acusan graves fallas en prevención: "No se está escuchando a los trabajadores"

Pese a una leve baja en las cifras respecto al año anterior, la muerte de una trabajadora en Teno reabrió el debate sobre la seguridad en las empresas. Fallos judiciales recientes confirman negligencias y "deficiente organización industrial" en compañías de la zona, mientras la autoridad laboral reconoce que los accidentes fatales siguen siendo una realidad preocupante.

16 de Febrero del 2026 · 17:20
Expertos acusan graves fallas en prevención: "No se está escuchando a los trabajadores"
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Por Marco Andrés Retamal

Con información de Paula Alcaino

Una realidad inquietante persiste en el mundo laboral de la región del Maule. Si bien las estadísticas oficiales muestran una disminución en la cantidad total de siniestros, los casos con resultado de muerte y lesiones graves continúan golpeando a las familias y cuestionando los protocolos de seguridad de las empresas.

A principios de febrero de 2026, la muerte de María Rioseco, atropellada por una grúa horquilla al interior de la frutícola Unifrutti en Teno, encendió nuevamente las alarmas. Este hecho se suma a una lista que ya cuenta con cuatro víctimas fatales solo en lo que va de este año, según confirmó la Seremi del Trabajo, Maribel Torrealba.

"En el año 2026 hasta la fecha hay 22 accidentes laborales ocurridos, donde 17 son graves y cuatro fatales", detalló la autoridad regional, contrastando estas cifras con el 2025, que cerró con 21 fallecidos y 140 accidentes graves.

Más allá de los números, existen fallos judiciales que están acreditando la falta de medidas de protección. Es el caso de la familia de José Gabriel Reyes, quien murió en 2020 por una fuga de gas sulfhídrico en una planta de Industrias Vínicas en Teno. Tras cinco años de litigio, el tribunal responsabilizó a la empresa por "organización industrial deficiente", estableciendo que no contaba con la señalización adecuada ni escuchó las advertencias previas del propio trabajador sobre una falla en el sistema.

Para Néstor Morales, prevencionista de riesgos y académico de la Universidad Central, este tipo de situaciones evidencia una carencia profunda en la gestión. "Al no ser escuchado, al no investigarse la situación, no se priorizó ni controló, dejando en evidencia deficiencias en el nivel de cultura de seguridad y en los espacios de participación que un trabajador puede aportar", analizó el experto.

Ante este escenario, el académico recordó que desde 2025 rige una normativa que obliga a las empresas a implementar sistemas de gestión como la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER). Esta herramienta exige no solo identificar los riesgos, sino establecer controles jerarquizados, partiendo por la eliminación del peligro hasta llegar, como última instancia, al uso de elementos de protección personal.

Sin embargo, casos como el de Pablo Astorga, fallecido en la empresa Aurora Australis —cuya familia demandó por 550 millones de pesos—, demuestran que la brecha entre la norma y la realidad sigue costando vidas en la región.

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