Este domingo a las 07:00 am se hará efectivo el beneficio de salida dominical para el excarabinero Patricio Maturana Ojeda, condenado a 12 años y 183 días de prisión por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras disparar una bomba lacrimógena al rostro de la actual senadora Fabiola Campillai durante el estallido social de 2019.
El imputado, quien se encuentra recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, logró acceder a este permiso tras cumplir con los requisitos de conducta y tiempo mínimo de reclusión exigidos por el reglamento penitenciario. Sin embargo, la decisión administrativa ha desatado una ola de críticas tanto a nivel nacional como local, reabriendo el debate sobre los beneficios intrapenitenciarios en casos de violaciones a los Derechos Humanos.
El diputado por la región del Maule, Roberto Celedón, expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que la gravedad del delito debería elevar los estándares para otorgar libertades. Según el parlamentario, aunque existan beneficios generales, la jurisprudencia internacional en materias de derechos fundamentales es estricta.
"Tiene acceso a ciertos beneficios, (pero) cuando se tratan de situaciones de delitos de lesa humanidad, los criterios de acuerdo a la jurisprudencia internacional son bastante más estrictos. En algunas hipótesis, como homicidio o tortura, simplemente debe cumplir el total de la pena. En este caso, en que son lesiones gravísimas, a lo menos debiese cumplirse con los dos tercios de la pena", argumentó el legislador a VLN Radio.
La medida también fue calificada como una afrenta ética por parte de las agrupaciones de memoria y derechos humanos. Elia Piedras, coordinadora de la organización "Mujeres por La Memoria", sostuvo que el cumplimiento de requisitos técnicos no puede obviar el impacto social de liberar, aunque sea temporalmente, a un condenado por violencia institucional que no ha mostrado arrepentimiento.
"Es una decisión que nos parece dolorosa e injusta, que vulnera el sentido de justicia, revictimiza y envía una señal muy inaceptable de impunidad. El acceso a permisos externos no solo debe considerar el cumplimiento de requisitos técnicos, sino que también el impacto ético y social de estas decisiones, especialmente cuando se trata de casos emblemáticos de violencia institucional", declaró Piedras.
La noticia golpeó duramente a la senadora Fabiola Campillai —quien perdió la visión, el olfato y el gusto producto del disparo de Maturana—, quien manifestó sentir "dolor y angustia" ante la resolución. La parlamentaria calificó la situación como "inaceptable" y exigió la renuncia del director nacional de Gendarmería, además de solicitar una revisión exhaustiva de los antecedentes que permitieron otorgar este beneficio al exuniformado.
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