La denuncia por abuso sexual que complica al gobierno en el Maule

A principios del mes de agosto, alrededor de 10 personas, muchos de ellos funcionarios públicos y otros vinculados a la Delegación Regional del Maule, se reunieron en un departamento ubicado en el centro de la ciudad de Talca para compartir un "carrete".

En el lugar consumieron bebidas alcohólicas, y algunos participantes también admitieron haber consumido sustancias ilícitas. Más allá de esto, nada llamó la atención.

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Con el paso de las horas, la fiesta comenzó a intensificarse, exacerbada por los efectos del consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Esto culminó con un presunto caso de abuso sexual cometido por el jefe de gabinete de la Seremi de Bienes Nacionales contra una funcionaria pública de la Delegación Presidencial del Maule. Ambos pertenecientes al Partido Socialista.

Inmediatamente tras la ocurrencia del delito, la víctima estampó una denuncia ante la fiscalía talquina, y comenzó a hacer uso de una licencia médica.

Cuando se tuvo conocimiento de los hechos, el delegado presidencial Humberto Aqueveque (PS) informó al nivel central, específicamente a sus superiores del Ministerio del Interior, desde donde se habría instruido esperar a reunir todos los antecedentes, siempre catalogando los hecho como "graves".

Transcurridos dos meses y a pesar de las insistentes consultas periodísticas de este medio de comunicación, en primera instancia, no se abordó la denuncia por abuso sexual.

Las primeras sospechas

Si bien todo era un rumor de pasillo hasta la semana pasada, una reunión telemática vía la plataforma de Zoom, donde se congregaron personas que cursan un Magíster de especialización, vino la confirmación de lo que era un "secreto a voces": se está investigando un delito sexual en un carrete donde hubo consumo de drogas y participación de funcionarios públicos.

VLN Radio pudo confirmar que efectivamente se ingresó una denuncia por este hecho ante la fiscalía talquina. Sin embargo, desde el órgano persecutor señalaron que no entregaran antecedentes debido "a la complejidad del caso", así como para "evitar la revictimización de la afectada".

En la misma línea, desde la representación gubernamental en el Maule prefirieron no referirse al caso. A pesar de ello y luego de dos meses, publicaciones en redes sociales confirmaron la noticia, y a partir de este domingo comenzaron a redactarse comunicados de prensa para informar sobre las acciones a tomar como control de daños.

El primero de ellos llegó desde la misma Seremía de Bienes Nacionales, quienes manifestaron que debido a los hechos, “el día 16 de agosto (la entidad) solicitó la renuncia al ahora ex jefe de gabinete de dicha seremía, quien desde esa misma fecha ya no forma parte de la institución”.

En la misma línea, afirmaron: "Condenamos todo tipo de violencia contra las mujeres, por eso nos hemos puesto a disposición para apoyar a la denunciante, así como tomar todas las acciones para resguardar su integridad y evitar su revictimización. Como institución trabajamos bajo los principios de seguridad y justicia para todos los habitantes".

Ante la presión insostenible y el reconocimiento de la secretaría regional, finalmente el delegado presidencial Humberto Aqueveque (PS) se refirió al hecho, confirmando los acontecimientos. “Respecto a la materia que hoy está siendo investigada por fiscalía no puedo referirme. El tipo de delito denunciado, hace que la investigación sea de carácter reservado entre los intervinientes”, dijo.

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Además agregó que como gobierno “se adoptaron las medidas de denuncia respectivas, las medidas administrativas de parte del servicio (del denunciado) y el resguardo y asesoría de la víctima”.

Por su parte, desde la directiva del Partido Socialista, también condenaron los hechos y admitieron que los involucrados son miembros de la colectividad. Además, informaron que los detalles fueron remitidos al Tribunal Supremo, "activando los protocolos" para este tipo de denuncias. Mientras dura la investigación, el ex jefe de gabinete fue suspendido de sus funciones.

Finalmente, y consultados por VLN Radio, entidades como el Colegio de Periodistas señalaron estar al tanto de la situación, pero afirmaron que "no se referiran al caso". Asimismo, desde las organizaciones feministas evitaron emitir una declaración.

Por ahora, la denuncia está en manos de los tribunales, a la espera de los resultados de la investigación que inició el Ministerio Público. También se espera un pronunciamiento desde el Palacio de La Moneda y se analizarán posibles sanciones políticas, así como el impacto que tendrá en la figura del representante del Presidente Gabriel Boric en el Maule, único delegado designado del Partido Socialista a nivel nacional.