Caso Convenios: Gobierno Regional del Maule transfirió casi $300 millones a fundación Urbanismo Social

El Ministerio Público está investigando actualmente a Urbanismo Social, una ONG con vínculos cercanos al Gobierno de Gabriel Boric, debido a una millonaria transferencia de $577 millones que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) habría realizado a esta fundación. Se ha revelado que meses antes de esta transferencia, Rodrigo Hernández Fernández, actual Seremi de Vivienda del Maule, era uno de los principales directivos de la fundación.

No obstante, esta no es la única transferencia millonaria que ha recibido la fundación de organismos estatales. Según consignó El Mostrador, se descubrió que la fundación también recibió cerca de $300 millones del Gobierno Regional del Maule, encabezada por Cristina Bravo, para un proyecto destinado a "disminuir la percepción de inseguridad", lo que ha generado dudas sobre su verdadera finalidad.

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Antes de suscribir los convenios, se reportó una reunión entre la hoy exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y tres directivos de Urbanismo Social en el Minvu. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2022 se aprobó un Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional del Maule y la fundación para el programa "Juntos y juntas nos sentimos más seguros", el cual busca implementar una intervención física y social en cinco comunas de la Región del Maule para reducir la percepción de inseguridad en la comunidad.

El 19 de octubre de 2022, el Gobierno Regional del Maule hizo constar la decisión de incorporar, para su financiamiento al “Presupuesto de Inversión Regional”, del Gore del Maule año 2022, el proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”. Así, el 22 de diciembre de 2022, se firmó el decreto que aprueba la transferencia de recursos, por un monto de $264 millones, entre la autoridad maulina y la fundación Urbanismo Social, para el mencionado proyecto de seguridad. El Gore estuvo representado por Leandra Urzúa, administradora regional, mientras que la fundación Urbanismo Social estuvo representada por su directora ejecutiva, Camila Ramírez.

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No obstante, se ha constatado que la ONG no ha presentado el informe semestral que debe remitir al Gobierno Regional sobre el avance de las actividades realizadas. Asimismo, la entidad receptora debe presentar un informe final consolidado del proyecto dentro de los 20 días hábiles siguientes a la finalización de las actividades relacionadas con la ejecución del mismo. El plazo para llevar a cabo todas las actividades del proyecto se extiende hasta el 30 de junio de 2024.

Cabe destacar que el decreto especifica que los recursos otorgados no deben ser incorporados en los presupuestos de las entidades receptoras, pero estas deben rendir cuentas de su utilización ante la Contraloría General de la República.

Respuesta del GORE

El Gobierno Regional del Maule emitió un comunicado de prensa para aclarar la situación en relación al traspaso de recursos a fundaciones y corporaciones.

En dicho comunicado, se especifica que, hasta la fecha, "no se ha dado inicio al programa, no se ha contratado a ninguna persona, no se ha efectuado rendición de gasto alguno" en relación al programa presentado por la Fundación Urbanismo Social.

Por último, señalaron que notificaron a la fundación con la "intención de resciliación del convenio, extinguiendo las obligaciones y dejando sin efecto cualquier acción del programa" y, por consiguiente, "no iniciar ni ejecutar el programa presentado por dicho organismo".