La primera sala de la corte de apelaciones de Talca acogió el recurso de nulidad interpuesto por el abogado defensor penal público, Marco Caballero, en favor de una mujer que había sido condenada por un delito de parricidio, sin embargo, se logró acreditar que actuó en legítima defensa. El hombre tenía arresto domiciliario y medidas de alejamiento.
El tribunal se pronunció de forma favorable a los alegatos de la defensa, y estableció que “en el presente caso se cumplen todos los requisitos establecidos por el legislador para la procedencia de la causal de justificación establecida en el artículo 10 número 4 del código penal, referida a la legítima defensa propia, de manera que al haber sido desestimada en la sentencia impugnada, se ha incurrido en un error de derecho que ha influido sustancialmente en lo resolutivo, al condenar a la enjuiciada en circunstancias que correspondía ser absuelta, por lo que se configura la causal de nulidad invocada de manera principal y, en consecuencia, se hará lugar a la misma”.
C. L. M. V. había sido condenada por el tribunal oral en lo penal de Linares por el delito consumado de parricidio, con una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras durase la condena.
Los hechos se produjeron la noche del 28 de julio de 2020, al interior de la población Bicentenario de Colbún.
Según el relato de la mujer a los policías que abordaron el caso inicialmente, el hombre con el cual había mantenido una relación de cinco años, asaltó su casa para asesinarla con un cuchillo, fue en ese contexto que ella se defendió y le propinó varias puñaladas en el abdomen y piernas. El sujeto huyó del lugar y posteriormente fue encontrado por Carabineros de Colbún fallecido en su domicilio, ubicado en las cercanías.
La mujer estuvo cuatro meses en prisión preventiva, dos en internación provisional y, luego, casi ocho meses con la medida cautelar de arresto domiciliario total, luego de que el ministerio público la persiguiera por un presunto parricidio, hecho que fue desestimado por el máximo tribunal.
El 13 de septiembre pasado, la corte dictó la sentencia que le permitió recuperar su libertad.
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