Este martes 7 de abril, la Contraloría General de la República (CGR) presentó oficialmente RADAR (Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo). Se trata de un nuevo sistema de fiscalización preventiva basado en el análisis masivo de datos, diseñado para identificar y frenar a tiempo posibles irregularidades en la administración de los recursos fiscales.

En su primera edición, los resultados del sistema ya han puesto en alerta a las autoridades. El análisis a las compras públicas realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2025 por diversas municipalidades, Gobiernos Regionales (GORE) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), reveló cifras exorbitantes adjudicadas sin licitación regular.

El documento advierte sobre riesgos significativos en la gestión financiera del Estado, evidenciando un volumen inusual en el uso de compras excepcionales. En concreto, el sistema detectó 556.222 órdenes de compra emitidas bajo la modalidad de trato directo o contratación excepcional directa con publicidad. El dinero transado mediante estos mecanismos superó la barrera del billón de pesos, alcanzando exactamente los $1.167.244.609.803.

Según la CGR, esta cifra constituye un alto riesgo para las arcas fiscales, ya que el reporte indica que no siempre podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos que justifiquen el uso de estas modalidades legales.

Sumado a los montos históricos, el nuevo sistema identificó posibles conflictos de interés. Las alertas apuntan a eventuales nexos entre funcionarios encargados de concretar los procesos de compra y empresas proveedoras de reciente creación. Estas operaciones sospechosas involucran más de $889 millones, lo que configura un riesgo potencial directo a la probidad en las instituciones evaluadas.

El objetivo central de este primer informe es notificar de manera temprana a los alcaldes, gobernadores regionales y a la SUBDERE, para que refuercen urgentemente sus controles internos y eviten la materialización de actos de corrupción.

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, explicó el alcance de esta nueva plataforma institucional, aclarando que los antecedentes recopilados no establecen ni presumen inmediatamente la existencia de irregularidades.

"La herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que, de no ser oportunamente gestionados, podrían derivar en conflictos de interés o en afectaciones a los principios de probidad e imparcialidad que rigen la función pública", señaló la autoridad.

Pese a su naturaleza preventiva, la Contraloría fue categórica sobre los pasos a seguir. En los casos donde estas alertas no sean subsanadas y se traduzcan en hechos irregulares concretos, el ente contralor iniciará fiscalizaciones específicas, buscará responsabilidades administrativas y, cuando corresponda, presentará las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público.