La Contraloría General de la República (CGR) identificó a 910 funcionarios, tanto del ámbito público como municipal, que realizaron apuestas en casinos entre enero de 2024 y junio de 2025. Estas acciones contravienen una prohibición legal explícita que les impide participar en juegos de azar.
El monto total de las transacciones detectadas asciende a la considerable suma de $11.490.456.871. El informe, divulgado recientemente, señala que estas operaciones se distribuyeron a lo largo de 371 entidades estatales, abarcando diversos niveles de la administración pública.
Entre las instituciones con mayor participación en estas transacciones se encuentran la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Tesorería General de la República y la Dirección de Aeronáutica Civil, además de varias municipalidades.
Un dato alarmante del reporte indica que 181 funcionarios concentraron el 96,8% del total apostado, sumando más de $11.118 millones. La CGR enfatizó que estas cifras “no se condicen con el nivel de sus remuneraciones”, y anunció que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para una eventual investigación penal.
Para obtener esta información, la Contraloría realizó un cruce de datos entre los funcionarios que manejan recursos fiscales y los registros de clientes de casinos, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Este análisis permitió detectar patrones de conducta que infringen la normativa vigente.
Los 20 casos individuales con los montos más elevados superan conjuntamente los $5.392 millones. Estos involucran a personal en cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos, lo que subraya la seriedad de los hallazgos.
Ante esta situación, la CGR comunicó que enviará un listado detallado de los implicados a la SCJ para que se inicien procesos de fiscalización y sanción. Paralelamente, los antecedentes serán remitidos a los servicios públicos y municipalidades correspondientes para que abran sumarios administrativos y determinen las responsabilidades pertinentes.
Adicionalmente, el organismo derivará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). El objetivo es evaluar la posibilidad de emprender acciones judiciales y salvaguardar el uso adecuado de los recursos públicos.
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