El exfiscal Manuel Guerra deberá cumplir prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Su defensa anunció que evaluará los próximos pasos legales.

El abogado Carlos Mora, vocero del equipo defensor, expresó su desacuerdo con la medida cautelar. “Fue una resolución bastante larga, resolución que evidentemente nosotros no compartimos”, declaró Mora ante la prensa en el Centro de Justicia.

El equipo legal cuenta con un plazo de cinco días para interponer recursos. “Tenemos plazo de cinco días para ver qué acción recursiva vamos a oponer, pero la verdad es que ustedes tienen que entender que nos afecta”, señaló el defensor.

Mora enfatizó la disposición de Guerra durante el proceso. El exfiscal “llegó caminando a la audiencia” y “colaboró durante toda la investigación”, afirmó.

La defensa manifestó su insatisfacción, apuntando a un quiebre en un acuerdo previo. “No estamos conformes. También ustedes tienen que entender que la defensa con el Ministerio Público tenía un acuerdo, que fue imputado. Y eso ensució todo el trayecto, digamos, de esta audiencia”, explicó.

Inicialmente, la Fiscalía de Arica había solicitado arresto domiciliario total para Guerra como parte de una negociación. Sin embargo, el acuerdo se desestimó tras la declaración judicial del imputado.

Por otra parte, el abogado Carlos Mora reiteró la intención de la defensa de insistir en la ilegalidad del acceso a mensajes privados del exfiscal. La investigación se originó por el acceso a registros telefónicos incautados al abogado Luis Hermosilla en el caso Audio.

“Con respecto a la ilegalidad de la obtención de los mensajes, hay distintas oportunidades en el proceso para discutirlo. Esta era una oportunidad y también se puede discutir en la audiencia de preparación de juicio oral, como lo señala la ley. Por supuesto que vamos a insistir”, adelantó Mora.

Manuel Guerra Fuenzalida, quien fuera fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, enfrenta cargos por delitos reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos. Se fijó un plazo de investigación de 45 días.