La Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo por posibles gestiones indebidas en el Hospital del Salvador, vinculadas al entorno de la entonces ministra de Salud. La decisión generó fuertes reacciones en el Congreso, con parlamentarios exigiendo que se aclaren las responsabilidades.

Los hechos se centran en la comunicación del jefe de asesores de la exministra con autoridades del recinto asistencial. El objetivo era advertir de manera anticipada la llegada de su madre, lo que desencadenó coordinaciones previas para su atención médica.

La madre de la exautoridad fue intervenida quirúrgicamente por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador solo 10 horas después de ingresar a urgencias el 23 de diciembre. Esta rápida atención generó controversia.

En su momento, la exministra declaró: "quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años. Afectada por una demencia avanzada. Y que tuvo una fractura de cadera, producto de una caída".

El entonces ministro de Interior, Álvaro Elizalde, señaló en aquella ocasión: "quien toma las decisiones es el equipo clínico o el equipo médico del respectivo recinto hospitalario y lo hacen sobre la base de protocolos que tiene el propio Ministerio de Salud respecto de situaciones de cirugía programada, otras que son de urgencia, y sobre esa base se aplican los protocolos y se toman las decisiones correspondientes".

Según antecedentes recopilados, las gestiones incluyeron contactos con el director del hospital, quien se encontraba de vacaciones, la directora subrogante y el jefe de la Unidad de Emergencia. El asesor incluso se presentó personalmente en el recinto para informar de la llegada de la madre de la ministra.

La Contraloría determinó que estos hechos podrían constituir una eventual vulneración al principio de probidad administrativa. El informe advierte que "no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República", sostiene el organismo.

El informe también evidenció brechas significativas en los tiempos de atención. Pacientes con diagnósticos similares pueden esperar hasta 41 horas o más de 123 horas por una cama, lo que elevó la preocupación en el Congreso por posibles tratos preferenciales en el sistema público.