Un intenso debate político y social se ha generado en el Congreso Nacional luego de que el Senado aprobara en general un polémico proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, presentada por un grupo de senadores de derecha, logró avanzar en su tramitación tras obtener una estrecha mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra.
Quienes respaldan la moción argumentan que su objetivo central es "humanizar" la situación carcelaria de aquellos reclusos que sufren enfermedades terminales o que presentan una edad avanzada, enfatizando que no se busca la impunidad, ya que las condenas no se anulan, sino que se conmutan por reclusión domiciliaria total. En detalle, el texto beneficiaría a internos con enfermedades crónicas intratables en la cárcel, discapacitados severos y reos mayores de 80 años, edad que se calcularía sumando la edad real más los años efectivos en prisión.
Sin embargo, los detractores del proyecto advirtieron sobre los "laxos requisitos" y la falta de filtros de la normativa. El diputado por el Maule y abogado de derechos humanos, Roberto Celedón, criticó duramente la redacción del texto. "Fija criterios bastante contradictorios con respecto de lo que ha sido toda la última legislación sobre seguridad pública", señaló el parlamentario. Celedón hizo hincapié en que el proyecto "plantea alternativas de cumplimiento de las penas privativas de libertad sin distinción de ningún orden; si son delitos de orden de abuso sexual con niños, si son del crimen organizado, y desde luego, no hace la mención de los delitos de lesa humanidad".
Desde el Gobierno, el rechazo a la iniciativa fue categórico. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, calificó la aprobación en la Cámara Alta como un "retroceso tremendo" y expuso el impacto real que tendría la medida. "En este proyecto no solo se va a beneficiar a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad (...) podría permitir que más de 300 criminales peligrosos, podría permitir que Julio Pérez, el psicópata de Alto Hospicio, asesino serial que cometió un homicidio a 14 jóvenes, se vea beneficiado con este proyecto", ejemplificó el secretario de Estado. A este caso se sumarían otros de alta connotación como María del Pilar Pérez ("La Quintrala"), Hugo Bustamante y Miguel Krassnoff, además de la mayoría de los internos del penal Punta Peuco.
Por ahora, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde se estableció como fecha límite el próximo lunes 16 de marzo para que los legisladores ingresen las indicaciones y modificaciones pertinentes a la iniciativa.
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