El Segundo Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado que el Fisco deberá abonar una indemnización que supera los $55 millones. El beneficiario es un joven de 22 años, junto a su madre, tras una injusta privación de libertad que se extendió por más de un año.
El afectado permaneció en prisión preventiva luego de ser imputado erróneamente por un delito de robo que, según se demostró posteriormente, jamás cometió. La pesadilla comenzó cuando el Ministerio Público basó su acusación en un reconocimiento fotográfico que utilizaba una imagen del joven cuando tenía tan solo 16 años, una investigación que ignoró pruebas científicas cruciales.
Esta “investigación deficiente”, como la calificó el tribunal, dejó de lado evidencias objetivas que habrían descartado su participación desde el inicio, manteniendo al joven privado de libertad de forma injustificada hasta que se identificó a los verdaderos responsables del ilícito.
El fallo judicial es contundente al calificar el actuar del ente persecutor como “injustificadamente erróneo”. La sentencia detalla que la Fiscalía priorizó un registro visual poco fiable sobre pruebas contundentes, como el análisis de huellas dactilares. Fue solo tras un año de encierro que la causa fue desestimada al identificarse a los autores reales mediante pruebas científicas.
“La condena de los verdaderos autores con prueba objetiva evidencia que la privación de libertad del demandante fue consecuencia directa de una investigación que privilegió un antecedente probatorio defectuoso”, se lee en la resolución.
La indemnización se desglosa de la siguiente manera: $30.000.000 por daño moral para el joven, más de $5.000.000 por lucro cesante, y $20.000.000 para su madre, quien también sufrió las graves consecuencias de este proceso judicial.
“El demandante no habría permanecido privado de libertad durante el extenso período señalado si el ente persecutor hubiese cumplido con su estándar de diligencia”, concluye la resolución, subrayando la negligencia que llevó a esta grave situación.
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