Una solución legislativa para enfrentar la millonaria deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía presentó el Gobierno en las últimas horas. Tras el congelamiento tarifario implementado en 2019, el déficit ha escalado hasta los $734 mil millones de pesos, lo que ha llevado al Ejecutivo a proponer un mecanismo de pago diferido que impactará en las cuentas de luz de los chilenos.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, detalló que la propuesta consiste en aplicar un cargo único mensual de $1.450 pesos adicionales a todos los clientes regulados. Este cobro se extendería por un periodo de 48 meses, es decir, cuatro años, con el fin de regularizar los montos pendientes.

Conscientes del impacto en la economía familiar, el proyecto incluye un mecanismo de protección social. "Proponemos que se cree un subsidio que impida que el 40% más vulnerable pague este costo adicional", explicó García, precisando que este beneficio se financiaría con el propio incremento de la recaudación fiscal que generará el alza tarifaria, sin afectar el déficit fiscal.

La implementación de esta medida tiene carácter de urgencia. El objetivo es que el cobro comience a aplicarse a partir de abril, lo que deja un margen de tiempo muy acotado para la próxima administración. Se espera que el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, sea el encargado de firmar y promulgar la ley, teniendo apenas un mes desde su asunción el 11 de marzo para concretar el trámite.

Para agilizar este proceso y asegurar la continuidad de la política energética, el biministro García tiene agendada una reunión clave para este martes con la futura ministra de la cartera, la actual senadora por el Maule, Ximena Rincón. En la cita se entregarán todos los antecedentes técnicos del proyecto para facilitar su tramitación legislativa.