Un nuevo balance entregado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre el mal uso de licencias médicas en el Gobierno Central evidenció una drástica brecha entre la cantidad de involucrados y las sanciones máximas aplicadas. Aunque el informe identifica a 29.270 funcionarios públicos vinculados a estas irregularidades, hasta la fecha solo se han concretado 262 destituciones.  Esta cifra representa apenas el 1% del total de funcionarios que deben ser investigados.

El reporte detalla que las instituciones reportaron un total de 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas. Para abordar esta situación, se han instruido 25.352 sumarios administrativos, pero el avance ha sido lento, ya que 21.098 de estos procedimientos se mantienen en curso.

Hasta el cierre del informe, solo 1.543 procesos se encuentran completamente cerrados con una resolución ejecutoriada, lo que explica el bajo número de sanciones definitivas en comparación con el universo total de casos detectados tras el escándalo destapado por la Contraloría.

Respecto a la situación laboral de los investigados, la mayoría, correspondiente a 23.745 personas, continúa desempeñando funciones en el servicio. Por otro lado, 5.525 implicados ya no se encuentran trabajando, aunque 2.947 de estos exfuncionarios siguen siendo objeto de sumarios administrativos a pesar de haber dejado sus cargos.

Un dato relevante que destaca el Ministerio de Hacienda es que 1.009 funcionarios optaron por presentar su renuncia antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra, anticipándose a la apertura de las investigaciones.

Al analizar el grupo acotado de los 1.543 casos que ya tienen sentencia firme, se observa que el 63% terminó con alguna sanción. Además de las 262 destituciones mencionadas, 584 funcionarios recibieron la medida disciplinaria de censura, 65 fueron suspendidos de su empleo y a 55 se les aplicó una multa.

En la vereda opuesta, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, cerrándose sus procesos sin castigo tras la etapa investigativa y la toma de razón de Contraloría.

El informe también actualizó el impacto económico de estas prácticas para las arcas fiscales. Considerando que la duración promedio de las licencias cuestionadas fue de 22,1 días y que la remuneración bruta mensual promedio de los involucrados es de $1,9 millones, se estima que el Estado pagó $36.876 millones en sueldos durante los períodos de ausencia injustificada.

Estas irregularidades se vinculan principalmente a actividades incompatibles con el reposo, donde el 33% de los casos corresponde a salidas del país y un 21% a la asistencia a casinos de juego.