Fiscalía imputa a dos funcionarios de la PDI en caso de desaparición de María Ercira Contreras
Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la dueña de un fundo fueron imputados por obstrucción a la justicia en la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, ocurrida hace 20 meses.
A 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, quien fue vista por última vez en un restaurante de Limache durante la celebración del Día de la Madre de 2024, la investigación ha tomado un nuevo rumbo centrado en las presuntas responsabilidades institucionales.
Actualmente, el Ministerio Público está llevando a cabo dos líneas de indagación paralelas. La primera se enfoca en la búsqueda del paradero de la mujer, mientras que la segunda arista aborda la obstrucción a la justicia. En esta última, dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la dueña del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, se encuentran en calidad de imputados.
La sospecha sobre los funcionarios policiales se basa en posibles irregularidades detectadas en la cadena de custodia de los registros audiovisuales del hotel. Según antecedentes publicados por 24 Horas, los policías se acogieron a su derecho de guardar silencio tras ser citados a declarar en la Tercera Comisaría de Limache, debido al “manejo irregular” de los discos duros que contenían las grabaciones del día de los hechos.
De acuerdo con testimonios de la Fiscalía, un funcionario de la PDI intentó entregar una cadena de custodia el 3 de julio de 2024 sin el dispositivo de almacenamiento original. Una testigo del organismo relató que el policía se negó a dejar el disco duro, argumentando que estaba siendo utilizado en su unidad, a pesar de la advertencia sobre la alta relevancia mediática de la causa.
La gravedad de este incidente fue confirmada por la perito de video, Nadia Mansilla, quien expuso que la cadena de custodia entregada se encontraba incompleta. Tras su análisis, se detectó que el respaldo no incluía las 24 horas de grabación correspondientes a la jornada de la desaparición, sino que solo contenía 6 horas. No se pudo determinar la cantidad exacta de archivos respaldados ni la capacidad para su extracción.
Al respecto, expertos en criminalística han calificado este procedimiento como una “falla crítica”. Claudio Muñoz, investigador forense, explicó que la copia de antecedentes a computadores ajenos a los dispositivos originales compromete la integridad de la prueba. Un segundo testigo añadió que los archivos superaban los 16 gigas, pero que no se firmó ningún documento oficial que validara la entrega directa entre la PDI y la Fiscalía.
Ante esta situación, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aseguró que se están realizando todas las diligencias pertinentes para esclarecer el caso. Por su parte, la nieta de la víctima, Carla Hernández, expresó su pesar por la negligencia: “Si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela”.