Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la reapertura de la investigación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien enfrenta cargos por una presunta agresión sexual contra una trabajadora en 2024.

La resolución responde a una solicitud presentada por la defensa del exmilitante socialista a finales de diciembre, la cual argumentaba la necesidad de realizar ocho diligencias que habían sido omitidas o rechazadas previamente por el Ministerio Público.

Durante la audiencia, se discutió la relevancia de estas pericias para la causa. El abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, explicó que el tribunal no solo acogió las diligencias por considerarlas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, sino que también reconoció una desventaja estructural en el proceso.

"El tribunal reconoció que la defensa, como en esta investigación y en otras, está en un plano de desigualdad del Ministerio Público", señaló Providel. El abogado argumentó que mientras la Fiscalía cuenta con las policías y laboratorios, "lo que la defensa tiene es simplemente la posibilidad de proponer diligencias", valorando que el tribunal permitiera estas acciones en la búsqueda de la verdad.

Por su parte, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, se mostró disconforme con la decisión, advirtiendo que estas nuevas acciones solo extenderán el proceso sin cambiar el fondo del caso.

Santibáñez detalló que entre las solicitudes se pidió periciar nuevamente cámaras de seguridad para insistir en la existencia de más videos. "Entendemos que los resultados de estas diligencias claramente van a ser solamente dilatorias, probablemente el resultado sea el mismo (...) que tiene que ver con la inexistencia de estos videos", afirmó la abogada.

Asimismo, explicó las consecuencias procesales de esta decisión: "Significa que va a tener que volver a cerrarse la investigación, se van a tener que volver a presentar acusaciones".

La jueza Pilar Ahumada fundamentó su decisión en el derecho a la defensa y la necesidad de agotar todas las diligencias, tomando en consideración la cantidad de años de presidio que arriesga el imputado. Finalmente, el tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de esta nueva etapa investigativa.