Fiscalía acusa a Cathy Barriga por desvío de fondos que afectó servicios básicos en Maipú

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra, se defendió públicamente la semana pasada tras la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Este documento, que la llevará a juicio, detalla los presuntos delitos imputados y por los cuales podría enfrentar hasta 23 años de prisión.

Según el escrito de casi 2.000 páginas, obtenido por BioBíoChile, Barriga, quien obtuvo la alcaldía con el apoyo de la UDI, habría orquestado, junto a colaboradores, un mecanismo defraudatorio y un uso indebido de recursos públicos que generó un perjuicio estimado en al menos $32.884.247.128.

Estas acciones habrían impactado directamente a los residentes de la comuna, ya que los fondos presuntamente malversados estaban originalmente destinados a la provisión de servicios básicos, incluyendo el mantenimiento de agua, electricidad, áreas verdes y otros aspectos fundamentales para la vida diaria de los vecinos de Maipú, una de las comunas más pobladas de Chile.

El eje central de la acusación judicial se centra en la manipulación del presupuesto municipal. El documento, analizado por Bío Bío Investiga, revela que desde la Municipalidad de Maipú se habría presentado información falsa ante el Concejo Municipal, entidad encargada de fiscalizar el patrimonio de la municipalidad.

Este presunto “engaño” perseguía dos objetivos: la reasignación de fondos y la ejecución de programas sociales y eventos de alto costo, los cuales carecían de respaldo presupuestario.

La investigación también señala que se habrían ocultado más de $13 mil millones en deudas con proveedores en la cuenta denominada “Acreedores”, impidiendo que estos montos figuraran en el balance oficial de la municipalidad.

Asimismo, en diciembre de 2019, se eliminaron de la contabilidad oficial gastos por un total de $6.801 millones con el fin de presentar un balance financiero favorable.

Este presunto desorden financiero resultó en deudas millonarias con proveedores de servicios esenciales, incluyendo empresas encargadas de la recolección de basura, alumbrado público, obras urbanas y la provisión de insumos básicos.

Entre los afectados, según la fiscalía, se encuentra Veolia Su Chile S.A., compañía responsable de la recolección de basura, con la cual la municipalidad bajo la gestión de Barriga acumuló una deuda de $2.399 millones.

Otras empresas que, según el expediente judicial, habrían sido perjudicadas incluyen a Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda., Salcobrand S.A., GMPG Ingeniería y Construcción Limitada, Citelum Chile S.P.A., Constructora Mavasa S.A. y Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.

La Contraloría General de la República, en un informe del 30 de junio de 2021, estimó un déficit presupuestario municipal de al menos $30.739.310.000.

Las presuntas prácticas de maquillaje presupuestario no solo afectaron a proveedores externos, sino también a entidades municipales como la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC).

Esta corporación, que administra la educación pública de la comuna a través de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), gestionaba 26 establecimientos educacionales y 26 jardines infantiles. Según la acusación, la entonces alcaldesa habría desviado estos fondos para dos adquisiciones cuestionadas.

En primer lugar, se habrían gastado $144 millones en la compra de kits de útiles escolares. El problema radica en que “Habrían sido entregados a estudiantes de establecimientos privados, pese a que los fondos FAEP están destinados exclusivamente a la educación pública.”

La fiscalía sostiene que, para ocultar estos gastos, se habrían utilizado facturas ideológicamente falsas, alterando la descripción de los productos adquiridos.

Adicionalmente, se detalla la compra de miles de pares de peluches con fondos estatales: 5.000 pares en una orden y 10.000 en otra. Estos peluches, según la indagatoria, habrían sido destinados a la publicidad y promoción de la gestión de la exalcaldesa, un tipo de gasto previamente objetado por la Contraloría. El monto total desembolsado ascendería a $54,9 millones.

Una marca que “se adueñó”

El uso de recursos públicos se habría extendido más allá de la CODEDUC, abarcando otras áreas de la gestión municipal. Un ejemplo es la marca “Fuerza de Mujer”, un proyecto personal de Cathy Barriga que, tras ser registrado inicialmente a nombre de terceros, fue transferido a su nombre.

Con fondos municipales se habrían cubierto eventos, contratación de animadores como Mariela Sotomayor, charlas y mobiliario, entre otros gastos. El Ministerio Público estima el monto total desembolsado en $125,3 millones.

Asimismo, se reporta una situación insólita con Andrea Verónica Fuentes Pérez. Según la acusación, fue contratada para labores de “limpieza, aseo y mantención” en dependencias municipales, pero en la práctica se desempeñaba en el cuidado de uno de los hijos de la exchica Mekano. Esta simulación de contrato habría generado un perjuicio fiscal de al menos $9,7 millones en remuneraciones pagadas con recursos públicos por un servicio de carácter privado.

Otra arista de la presunta malversación involucra la contratación de la empresa LEGALCORP para el seguimiento de causas de interés municipal. La fiscalía acusa que Barriga instruyó a la empresa para que, además de sus funciones municipales, realizara seguimiento a causas judiciales en las que estaba involucrada junto a su marido, Joaquín Lavín Jr., relacionadas con deudas de campaña y no con los intereses de la comunidad.

Durante la gestión de la exalcaldesa, se habría incumplido de manera sistemática y deliberada el Plan de Desarrollo del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de Maipú, fiscalizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Información del expediente judicial indica que la Municipalidad de Maipú habría incumplido el 98,3% de las inversiones comprometidas durante la administración de Barriga, “lo que equivale a $16.969 millones que no fueron ejecutados en obras de infraestructura sanitaria, generando deficiencias concretas en el servicio que reciben los vecinos.”

La asignación de presupuestos anuales para el SMAPA fue inferior a lo pactado con la SISS, y los fondos aprobados posteriormente eran rebajados mediante modificaciones presupuestarias para ser desviados a otras áreas del municipio.

Falsificación de cuentas públicas y obstrucción a la fiscalización

Para ocultar el presunto déficit fiscal y la gestión fraudulenta, la acusación sostiene que se recurrió a la falsificación de instrumentos públicos, permitiendo encubrir la real situación financiera del municipio.

Según el Ministerio Público, la exalcaldesa habría informado falsamente sobre el estado financiero del municipio en sus cuentas públicas anuales. En la cuenta pública de 2020, se habría ocultado la existencia de pasivos por $20.756 millones y omitido informar un déficit presupuestario real de $21.875 millones.

El escrito también afirma que la administración de Barriga entregó información falsa a la Contraloría General de la República, ocultando los déficits presupuestarios y de caja.

El cierre de la investigación

La fiscalía ha solicitado penas de cárcel para Cathy Barriga que, en conjunto, superan los 23 años.

Específicamente, se pedirá 10 años y 1 día de presidio mayor por fraude al fisco; 7 años de presidio mayor por falsificación y uso de instrumento público falsificado; 5 años y 1 día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.

“Además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor”, declaró Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente.

Por su parte, la defensa de la exalcaldesa solicitó la reapertura de la investigación. Cristóbal Bonacic Midane, abogado de Barriga, argumentó que se requieren diligencias que “requirió oportunamente, y que el Ministerio Público rechazó y/o no sé pronunció, según se explicará en la instancia respectiva”.

“Estando dentro del plazo previsto en el artículo 257 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar a S.S. que se sirva fijar audiencia para debatir la reapertura de la investigación, para que con ello se ordene la realización de una serie de diligencias”, explica el abogado Bonacic en el documento.

La defensa enumera diligencias a la Contraloría General de la República, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y a la Municipalidad de Maipú, solicitando informes complementarios sobre postulaciones, presupuestos, ingresos, gastos y déficits, entre otros.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de preparación del juicio oral para el próximo 3 de febrero.