Casi dos años después del devastador megaincendio que afectó a Viña del Mar y sus alrededores, evento que cobró la vida de más de 137 personas y dejó aproximadamente 4.300 viviendas en ruinas, cientos de familias afectadas manifiestan que la reconstrucción prometida por el Estado aún no se materializa o progresa a un ritmo considerado insuficiente.
El pasado miércoles, el Presidente de la República visitó una de las zonas más impactadas por la catástrofe, donde se procedió a la entrega de nuevas viviendas en el sector El Olivar.
Durante su visita, el Mandatario admitió que el proceso ha sido más lento de lo anticipado y afirmó que se ha incrementado la presencia de personal en el terreno con el objetivo de agilizar las obras.
Según datos oficiales, de las 2.746 viviendas que cuentan con subsidio asignado, 1.226 ya han sido finalizadas o entregadas, y 789 se encuentran en fase de construcción. No obstante, persiste la incertidumbre para más de 1.500 familias que todavía carecen de una solución habitacional definitiva.
El Gobierno estima que el avance general de la reconstrucción alcanza un 45%, una cifra que es puesta en duda por abogados y representantes de los damnificados. Estos últimos sostienen que los porcentajes no reflejan la realidad sobre el terreno y que muchos afectados continúan esperando un contacto formal por parte de las autoridades.
A esta situación se suman las denuncias sobre fallas estructurales detectadas en algunas de las viviendas ya construidas, las cuales, de acuerdo con los propios residentes, han requerido ser demolidas para reiniciar el proceso constructivo.
Familias de Viña del Mar excluidas de la ayuda estatal
Uno de los aspectos más críticos del proceso de reconstrucción concierne a aproximadamente mil familias que fueron excluidas de los beneficios estatales debido a motivos administrativos, tales como la posesión de una segunda propiedad o inconvenientes con la regularización de sus títulos de dominio.
Los afectados describen esta situación como un trato de “damnificados de segunda categoría”.
Las autoridades han indicado que la elegibilidad para acceder a los beneficios se rige por normativas y leyes vigentes, si bien reconocen la existencia de una voluntad para analizar modificaciones normativas que posibiliten una ampliación de la cobertura, dada la magnitud sin precedentes de la catástrofe.
Adicionalmente a las pérdidas materiales, las familias afectadas señalan la carencia de apoyo psicológico y contención emocional, especialmente entre aquellos que sufrieron la pérdida de seres queridos durante el incendio.
Casos como el de Carlos, quien perdió a su hija y a la madre de la menor, evidencian una problemática de salud mental que, según los damnificados, no ha sido abordada de manera sistemática por parte del Estado.
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