Ministra Vallejo desestima polémica "norma de amarre" como propaganda ficticia

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha respondido con firmeza a las acusaciones políticas relacionadas con una presunta “norma de amarre” dentro del proyecto de reajuste del sector público. La secretaria de Estado calificó las críticas provenientes de la oposición como parte de una “propaganda que es ficticia”.

La controversia se ha originado a partir de una disposición en el proyecto que incrementa los requisitos para la desvinculación de funcionarios públicos de carrera. Los críticos, en su mayoría parlamentarios de Chile Vamos, han manifestado que esta medida limitaría la capacidad de gestión del próximo gobierno entrante al restringir sus faculticas para efectuar cambios en la planta funcionaria, denominándola por ello como norma de “amarre”.

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No obstante, durante un punto de prensa, la ministra Vallejo afirmó categóricamente que “no existe tal ‘amarre’ en la ley”. Sostuvo que dicha caracterización constituye una caricatura promovida en campañas de la oposición, alejada de la realidad de la normativa. “Esta caricatura que se construyó de la supuesta ley de amarre es una propaganda que es ficticia”, declaró.

La secretaria de Estado detalló que el gobierno ha sido enfático al comunicar que los asesores políticos y de confianza concluyen sus funciones al producirse un cambio de administración. Subrayó que la normativa en debate se enfoca en funcionarios públicos de carrera, cuyas desvinculaciones pueden basarse en actos administrativos debidamente fundados.

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Adicionalmente, Vallejo señaló que parte del debate ha sido distorsionado por la intención de ciertos actores de instaurar un relato que, en su opinión, “busca dañar la percepción pública del proyecto de reajuste del sector público”. “El nivel de propaganda para dañar una ley de ajuste… ha sido muy agresiva”, añadió, instando a que la discusión se base en evidencia y argumentos sólidos, en lugar de simplificaciones que no se corresponden con el texto legal.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo, que ha contado con el respaldo de explicaciones del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha sido defendido por autoridades gubernamentales como un mecanismo para establecer criterios objetivos que fundamenten despidos de funcionarios de carrera, sin menoscabar la facultad de realizar ajustes pertinentes.