La denominada 'cirugía exprés' que habría beneficiado a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha desencadenado una ola de repercusiones políticas, con diputados de oposición solicitando su dimisión del cargo.
El pasado 23 de diciembre, Lucía Sanhueza Vargas, de 87 años, fue sometida a una intervención de urgencia en el Hospital del Salvador debido a una fractura de cadera. La celeridad del procedimiento ha levantado interrogantes sobre una posible aceleración en detrimento de otras cirugías previamente agendadas.
Fuentes del Hospital del Salvador emitieron un comunicado afirmando que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución”.
Añadieron que “la paciente cumplía con los criterios técnicos y médicos necesarios para su ingreso a cirugía. La presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”.
Oficio a Contraloría
A pesar del respaldo gubernamental al comunicado hospitalario, se han obtenido nuevos antecedentes que sugieren posibles irregularidades en la priorización de la intervención quirúrgica, destacando que uno de los pacientes cuya cirugía fue postergada falleció pocos días después.
Documentos internos del hospital registran una advertencia que señalaba que la paciente fue enviada a pabellón “por autorización de dirección”, sin completar los trámites administrativos habituales.
En el informe de entrega de turno, realizado horas más tarde, se especificó que la operación obligó a posponer una “reexploración de paciente laparotomizado”.
Este último paciente, quien se encontraba en medio de una cirugía abdominal abierta, tuvo que esperar su turno para permitir la intervención prioritaria. Tres días más tarde, falleció en el Hospital del Salvador a causa de un shock séptico.
Ante estos sucesos, parlamentarios de la UDI han dirigido un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría al Hospital El Salvador.
Por su parte, diputados del Partido Republicano han instado al Presidente Gabriel Boric a solicitar la renuncia de la secretaria de Estado, y han anunciado la creación de una comisión investigadora y una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de esclarecer las posibles responsabilidades.
Recibe todas las noticias a través de nuestro canal de WhatsApp
Suscríbete a nuestra página en Facebook
