El Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) de 2025, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ha puesto de manifiesto serias irregularidades en la gestión financiera de 73 entidades públicas. Tras revisar sus estados financieros, se determinó una "abstención de opinión" en todos los casos, debido a la ausencia de evidencia que validara la razonabilidad y confiabilidad de los saldos presentados en los balances.

Estas auditorías abarcaron el periodo comprendido entre 2020 y 2024, e incluyeron 50 entidades del Gobierno Central y 23 del ámbito municipal. La decisión de abstenerse de opinar se fundamentó en la falta de análisis por parte de los servicios para justificar sus cifras contables, la existencia de controles internos débiles o inexistentes, registros contables inconsistentes y debilidades en los controles generales de tecnología de la información.

El volumen total de recursos que resultaron objetados en esta abstención de opinión asciende a la considerable suma de $15.914.822 millones de pesos. De este monto, el 91% pertenece al Gobierno Central y el 9% restante al sector municipal.

Entre las razones principales que llevaron a esta abstención de opinión se identifican la falta de análisis de montos y la deficiente gestión de cobro (66%), la ausencia de respaldos del patrimonio (60%) y la existencia de recursos no rendidos por quienes los ejecutaron ni exigidos por quienes los otorgaron (44%).

Estas deficiencias impidieron a la entidad fiscalizadora garantizar la confiabilidad de la información financiera de las entidades auditadas. La Contraloría subrayó que esta situación demuestra, según su análisis, un riesgo de gestión financiera deficiente, la posibilidad de errores o la ocurrencia de fraudes.

Como resultado directo de estas auditorías, la Contraloría ha iniciado una serie de acciones correctivas y punitivas. Se han abierto 10 procedimientos disciplinarios por parte de la CGR, se han realizado 5 remisiones al Ministerio Público, 5 remisiones al Consejo de Defensa del Estado y se han ordenado 27 sumarios administrativos a las entidades bajo escrutinio.