Pescadores artesanales e industriales han presentado una solicitud ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que se revise y anule una resolución emitida por la Subsecretaría de Pesca. Dicha resolución instruye al Servicio Nacional de Pesca a abrir de oficio el Registro Pesquero Artesanal (RPA) a miles de nuevas embarcaciones a nivel nacional.

Los representantes del sector consideran que la medida dispuesta por la autoridad es "peligroso e ilegal". En Chile, la Ley General de Pesca y Acuicultura establece en su artículo 50 que la inscripción en el RPA es un requisito indispensable para llevar a cabo actividades de pesca extractiva artesanal.

Para pesquerías en plena explotación, como el jurel, la jibia, la reineta o el langostino amarillo, y para la merluza común, que se encuentra en estado de agotado, la inscripción en el RPA se encuentra suspendida. Esta suspensión tiene como objetivo primordial salvaguardar la preservación de los recursos hidrobiológicos.

Los pescadores han señalado que la resolución en cuestión fue emitida por la Subsecretaría de Pesca en noviembre, lo que motivó su recurrencia ante la Contraloría. Argumentan que el organismo, dirigido por el subsecretario Julio Salas, "sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro". Sostienen que esta acción contraviene directamente el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que han alcanzado su rendimiento máximo sostenible, lo que expone al país a un deterioro irreversible de su ecosistema marino.

El escrito presentado a la Contraloría detalla que la resolución impugnada ordena una "incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso". Añaden que "un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley".

Victoria Rubio, presidenta de la A.G Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (Conapesca), explicó que buscan que la Contraloría declare ilegal y deje sin efecto la resolución 2.563, ya que modifica reglas de acceso que solo pueden ser alteradas por ley. "Aquí vemos dos peligros. Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, a que haya más actores sin respetar el sistema de vacantes, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto, es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, y no autoriza a abrir registros ni incorporar nuevos actores al sistema. Si esto se normaliza, mañana cualquier cierre o cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución", afirmó.

En noviembre, la Subsecretaría de Pesca había anunciado siete medidas en beneficio del sector artesanal, entre las que se incluían permitir la extracción de jurel para embarcaciones menores a 12 metros, el fomento de flotas "multiespecies" asignando recursos como reineta, y la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre Arica y Coquimbo, entre otras acciones que han sido cuestionadas.

Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, opinó que el subsecretario Salas actuó con un "criterio político" en lugar de seguir las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. "Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible", señaló.

Cepeda Godoy añadió que "si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar". Por ello, enfatizó la importancia de recurrir a la Contraloría para asegurar un manejo responsable de los recursos pesqueros del país.

El requerimiento presentado ante la Contraloría cuenta con la firma de Sonapesca, el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines, el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar, y el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos, entre otras organizaciones gremiales.