La madrugada de este martes 16 de diciembre marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción carcelaria en Chile. Se trata de la "Operación Apocalipsis", un procedimiento de carácter nacional liderado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, bajo la conducción del fiscal regional Marcos Pastén.
El despliegue policial es uno de los más amplios y coordinados de los últimos años en el sistema penitenciario. Contempla 77 órdenes de detención que se estaban materializando simultáneamente en siete regiones del país, incluyendo el Maule.
La mega investigación, levantada por la Fiscalía Occidente y la PDI durante meses, estableció un mapa de una estructura criminal que operaba desde el interior de Santiago 1 y del CPF de San Joaquín. Se estima que esta red movió más de 6.300 millones de pesos en los últimos tres años.
El diagnóstico de fiscales y policías fue categórico: se había instalado un "ecosistema delictual instalado, funcional y estable", donde funcionarios públicos se habrían coludido con redes externas y con internos para sostener un circuito de cohecho y tráfico de bienes prohibidos. Fuentes de la indagatoria coincidieron en que se trata de una organización con roles definidos, logística y un flujo permanente de dinero, no de hechos aislados.
La investigación develó que la corrupción se ejecutaba en distintos puntos del sistema, comenzando en el exterior del penal con "Las Manillas". En esta "industria paralela" operaban al menos siete agrupaciones que pagaban sobornos a funcionarios para ingresar grandes bolsas con drogas, alcohol, chips, teléfonos y otros artículos prohibidos. Se cree que más de 40 gendarmes estaban ligados a este sistema.
La corrupción también penetró la "Aduana" o control peatonal, donde funcionarios corruptos permitían el ingreso de elementos ilícitos a cambio de pagos.
Una vez dentro, el esquema se diversificaba en tres modalidades:
- El Delivery: Los internos encargaban directamente celulares o sustancias prohibidas, pagando al funcionario mediante transferencias o depósitos a cuentas vista como Cuenta RUT.
- La Feria: Gendarmes ingresaban productos por cuenta propia —incluyendo carne para asados y alcohol— para venderlos a precios abusivos. Un celular podía costar hasta 400.000 pesos en este mercado negro.
- El Rescate: Algunos gendarmes con órdenes de detención ahora se dedicaban a robar equipos incautados durante allanamientos para revenderlos, incluso a los mismos internos. Una fuente policial calificó esto como el “ciclo perfecto de la corrupción: incautaban, robaban y revendían”.
El Grupo de Apoyo y Reacción Primaria (G.A.R.P.) también resultó involucrado, permitiendo el traslado irregular de reclusos entre módulos con objetos prohibidos, lo que demostraba una economía interna donde "cada actor tenía su ganancia asegurada", dio a conocer la unidad de reportajes de BBChile.
La desarticulación de esta estructura no fue azarosa. La fiscalía utilizó técnicas intrusivas de alta complejidad, incluyendo la interceptación telefónica y análisis extensivo de WhatsApp, vigilancias operativas, y el uso de agentes encubiertos y entregas controladas.
Además, fue clave la colaboración de gendarmes que decidieron denunciar el comportamiento de sus pares, quienes están siendo mantenidos en el anonimato debido al riesgo de ser amenazados o atacados, como ya ha ocurrido.
Finalmente, el alzamiento del secreto bancario de todos los imputados permitió acreditar movimientos reiterados y la adquisición de bienes sin justificación económica. Este punto sería fundamental para sustentar los delitos de lavado de activos, cohecho, soborno y asociación criminal.
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