Graves imputaciones pesan sobre el exfiscal jefe de la región del Maule, además de Curicó y Talcahuano, Mauricio Richards, y la jueza Humilde Silva Gaete, por haber beneficiado a los principales miembros de una organización dedicada al contrabando de cigarrillos a gran escala, evadiendo penas de cárcel y el comiso de millonarias sumas.

Richards es acusado de "cercenar" delitos que pesaban sobre la banda en medio de la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que la magistrada Silva es cuestionada por aprobar el acuerdo que permitió a los inculpados evadir la cárcel.

La acción impidió al Fisco, por ahora, el comiso de más de $2.500 millones incautados durante los allanamientos, según consigna un reportaje de Radio Bío Bío.

La polémica maniobra se ejecutó el 28 de mayo de 2024, cuando el entonces fiscal adjunto Richards, sin seguir protocolos internos, modificó la acusación de la Fiscalía.

El caso apuntaba a un clan familiar que operó por años en Concepción con contrabando y comercio ilegal de cigarros. La investigación, de cinco años, había permitido incautar cerca de $180 millones en efectivo ocultos en la pared del proveedor, Claudio Vivanco Acuña, alias “El Lampa”, a quien se le congelaron otros $750 millones en el banco.

La acusación original, presentada en 2022, incluía 12 implicados por asociación ilícita, receptación aduanera, comercio clandestino y lavado de activos, sumando penas de más de 100 años de cárcel.

Con su intervención, el exfiscal eliminó los delitos de "comercio clandestino", "asociación criminal" y "lavado de activos".

Al dejar solo el ilícito menor de receptación aduanera, la banda logró evadir el juicio oral y la cárcel. Así también, impedir el comiso de los más de $2.500 millones que se buscaban para las arcas fiscales.

Todo quedó zanjado en 103 minutos, con la jueza Silva Gaete autorizando las salidas alternativas y acuerdos reparatorios por pagos mínimos, a pesar de que Richards "no tenía argumentos dentro de la investigación" para eliminar los delitos, según la fiscal regional Marcela Cartagena.

Rol del CDE

Tras sendas derrotas del Ministerio Público en tribunales, que han calificado sus intentos de anular el acuerdo como una "interpretación acomodaticia y tardía", el Consejo de Defensa del Estado (CDE) salió en ayuda para rescatar los fondos.

El CDE ya logró una primera victoria al conseguir frenar la devolución de los dineros, ordenada por un juez de garantía, mediante una medida prejudicial precautoria. Ahora se espera que el organismo colegiado concrete la presentación de una demanda civil contra Richards y compañía.

El descargo del exfiscal Richards

Mauricio Richards defiende su decisión argumentando una discrepancia de criterio y una necesidad operativa. "Mi impresión jurídica de la investigación no ha cambiado. Considero que la acusación que fue reducida y la formalización que se efectuó fue más allá de los antecedentes probatorios con los que se contaba," explicó, sosteniendo que un juicio de 6 meses no era práctico para una Fiscalía diezmada.

El exfiscal desmintió haber recibido dinero de los imputados y afirmó haber actuado con la anuencia de su superior jerárquico en ese momento, el fiscal jefe Enzo Osorio, aunque la Fiscalía Regional del Bío Bío descarta que existiera una consulta formal.

La fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, no ocultó su frustración, abriendo una investigación penal contra Richards. Consultada sobre si fue un autogol, fue categórica:

“Yo soy bastante futbolera. La expresión de autogol no me calza, porque un autogol es algo accidental… aquí yo no tengo tan claro eso”, deslizó Cartagena, refiriéndose a la intencionalidad de Richards.

Pese a que Cartagena apoyó la remoción de Richards, el fiscal nacional, Ángel Valencia, rebajó la sanción a dos meses de media remuneración, ya que Richards renunció voluntariamente. Cartagena descartó que existiera un "negociado" en la decisión de Valencia.

En paralelo, el Servicio Nacional de Aduanas recopila antecedentes contra su abogada, Loreto Espinoza Sánchez, quien tenía la posibilidad de oponerse a las salidas alternativas y hoy sería objeto de un sumario administrativo.