Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a más de una quincena de servicios de salud en el país detectó múltiples y graves vulneraciones a la Ley N° 20.000 (Ley de Drogas) en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de estupefacientes incautados. Los 17 informes reservados que contienen los hallazgos fueron enviados al Ministerio Público.

Las irregularidades se concentran en el proceso donde las drogas incautadas por la PDI, Carabineros y Gendarmería son enviadas a los servicios de salud para su posterior análisis y destrucción.

Registros alterados, pesaje errático y retrasos críticos
Entre las fallas más relevantes y recurrentes se encuentran:

• Diferencias de Pesaje: Se constataron diferencias en el peso de los decomisos entre el registro del servicio de salud y el de las instituciones policiales. En algunos casos, la acta de decomiso señala un peso distinto al verificado y almacenado, perdiendo la trazabilidad, especialmente en el pesaje de plantas de cannabis.
• Registros Inseguros: Se documentaron falencias en el sistema de registro de decomisos, como el uso de una simple planilla Excel sin mecanismos mínimos de seguridad, comprobándose al menos siete casos con errores de transcripción.
• Incumplimiento de Plazos: Se determinó que tanto la PDI como Carabineros incumplieron el plazo de 24 horas que establece la Ley N° 20.000 para la entrega de las drogas al Servicio de Salud.
• Demoras al Ministerio Público: Se observaron incumplimientos en el plazo para informar los resultados de los análisis de laboratorio a la Fiscalía, con retrasos que en algunos casos sumaron más de 350 días.
• Fallas de Seguridad e Infraestructura que Ponen en Riesgo a Funcionarios

La Contraloría también reveló graves deficiencias en la infraestructura y seguridad de las dependencias:

• Drogas en el Suelo: Las bodegas y oficinas no cumplen con la normativa de la Ley 20.000, lo que ha generado desórdenes, con bolsas y cajas con drogas depositadas en el suelo. Incluso, se detectaron bolsas de almacenamiento rotas sin certeza de que su contenido fuera el mismo que el recepcionado.
• Riesgo de Explosión: Se evidenció la falta de un lugar exclusivo para el almacenamiento de sustancias líquidas y residuos tóxicos, que por su naturaleza pueden provocar combustión y explosiones, aumentando el riesgo en la salud de los funcionarios.
• Debilidades de Seguridad: Se detectó la falta de controles de acceso a dependencias sensibles, tarjetas de acceso sin nominar, cajas fuertes en mal estado y la carencia de sistemas de ventilación y extracción de aire en las unidades encargadas de la quema.

Finalmente, se determinó la falta de un sistema informático especializado que permita el control y la trazabilidad del proceso, ya que las plataformas existentes no logran relacionar los decomisos recibidos con sus respectivas actas de destrucción.